Durante las últimas semanas, la Dirección de Seguridad y Vialidad Municipal de Cuauhtémoc (DSVPM), registra un repunte histórico de llamadas falsas al sistema de emergencia 9.1.1., originando con ello la movilización en vano de las distintas corporaciones policiacas.
De acuerdo a la dependencia de seguridad, la semana que termina es la que mayor número de llamadas falsas se recibieron, sumando hasta dos casos por día, destacando que todos los reportes ficticios son de la presencia de personas armadas en diversos sectores del municipio.
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Al atender los llamados, la mayoría de estos son falsos, lo que se corrobora por testimonios de personas que son localizadas en el lugar del reporte, quienes desmienten haber presenciado alguna situación fuera de lo normal.
Es por ello que autoridades de los tres niveles de gobierno analizan la situación para determinar los motivos por los cuales se efectúan las llamadas falsas, sin que se descarte que sean propios integrantes de células criminales quienes hacen los reportes con el fin de movilizar a un sector a la policía y poder actuar en otro punto.
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Como parte de las estrategias para determinar la veracidad de los reportes, se han implementado métodos desde el momento en que se recibe la llamada, en los que se piden datos precisos para saber el tipo de urgencia, como de los posibles riesgos que pudieran enfrentar los agentes que se comisionan al reporte.
Asimismo, se informó que el reglamento de Justicia Cívica cuenta ya con sanciones importantes para quien se detecté haciendo mal uso de los números de emergencia, además de evaluar alternativas de seguimiento para tratar de reducir este tipo de malas conductas.
Aunado a ello se prevé aplicar esquemas para garantizar la secrecía de los ciudadanos que reportan casos verdaderos de delitos de alto impacto, esto con el fin de fomentar la confianza de la población para denunciar anomalías.
Todo ello con el fin de evitar perjuicios al erario por los gastos generados por la movilización inútil de las unidades policiacas, pero además por la necesidad de establecer acciones de prevención de actos delictivos a través de la participación ciudadana.