“Al igual que tú, y ante los señalamientos de compañeros de Partido, tengo una responsabilidad ética, política y jurídica, que es la de siempre respetar presunción de inocencia, evitando descalificar si no hay una resolución judicial de por medio pero a la vez, con la misma convicción, alentando a que se deslinden responsabilidades y se haga justica cuando se tienen pruebas suficientes de ilegalidad” refiere Marko Cortés, presidente del CEN del PAN, en respuesta a la misiva que el gobernador Javier Corral le hizo llegar el pasado 18 de noviembre.
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La contestación de Cortés Mendoza, que obra en manos de esta redacción, fue enviada el pasado 23 de noviembre, donde el dirigente nacional enfatiza ser un convencido de que la “justicia no se debate ni se regatea” por lo que alienta a que se deslinden responsabilidades y se haga justica cuando se tienen pruebas suficientes de ilegalidad, ante las investigaciones que la Fiscalía de Chihuahua ha realizado en contra de panistas.
Además recordó cómo hace unos años cuándo era coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, ante una orden de aprehensión “no nos tembló la mano para evitar tomará protesta como diputado del PRI (Antonio T.G.) uno de los implicados en la Operación Justicia para Chihuahua, por eso reconozco la batalla valiente y enérgica que has encabezado en Chihuahua, logrando llevar a la justicia a personajes de peso nacional con investigaciones serias y profesionales que han exhibido y corregido el deterioro del poder público”.
Marko Cortés asegura haber tenido diálogos con Maru Campos y César Jáuregui, alcaldesa y secretario del Ayuntamiento capitalino, respectivamente, quienes le negaron categóricamente las acusaciones de Javier Corral, “no desestimo los comentarios que desde hace más de un año me has hecho, por eso te he comentado que de existir elementos suficientes de prueba se procediera conforme a derecho” se lee en la misiva.
El pasado 18 de noviembre el mandatario Javier Corral envió una carta al CEN del PAN, en la cual reitera las acciones de combate a la corrupción que involucra a la presidenta municipal y al secretario del Ayuntamiento, quienes –asegura- recibieron entre 2014 y 2015 más de 10 millones de pesos por parte del entonces gobernador César Horacio.
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