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“Tenemos cuatro procesos de observación para tres dependencias, por cuestiones de auditoría, las cuales son dos de Pensiones Civiles del Estado, una de la Coordinación de Comunicación Social y una más de la Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Ciudad Juárez”, señaló la titular de la Secretaría de la Función Pública, Mónica Vargas.
La titular aclaró que estas son las auditorías más relevantes del año 2019, ya que tras su finalización se elaboró un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), pues cuentan con señalamientos en el manejo de sus cuentas.
“Una de las auditorías que mostró irregularidades fue en Ciudad Juárez, en la remodelación de una torre, y otra de la capital del estado, en cuanto a las adquisiciones de medicamentos”, explicó la maestra Vargas, señalando que aún están dentro del periodo en que se puede aclarar la irregularidad por parte de la dependencia.
En cuanto a la auditoría de Juárez, explicó que aún están en fecha para realizar las aclaraciones a un total de 16 señalamientos que realizó la Función Pública, durante su auditoría, por lo que aún pueden justificar estos señalamientos.
“En cuanto a la de adquisiciones de Pensiones en la capital, ya nos dieron respuesta, en cuanto a las requisiciones que observamos, la información está en revisión, entonces próximamente se llevará a cabo la elaboración del IPRA”, explicó la funcionaria, aclarando que hay cinco señalamientos durante esta auditoría.
En relación con la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, explicó que ya se encuentra bajo revisión de la Dirección de Procesos de Investigación para integrar los procesos que se requieran.
“Ellos son los que determinan si la conducta fue grave o no grave, así como determinan, con base en elementos que se van recabando durante el proceso si hay una irregularidad de proceso penal o únicamente administrativa”.
En el caso de Obras Públicas, explicó que “el proceso de auditoría ya está concluido, se está integrando el área de Procesos de Investigación, que es la encargada de terminar de cargar un expediente con el objetivo de presentar denuncia penal en caso de contar con los elementos suficientes”.
Declaró que la carpeta por dicha auditoría a la dependencia está en revisión, ya que de ser el caso, se turnaría a la Dirección General Jurídica para el inicio de un proceso de responsabilidades administrativas.
“En ese caso en particular se ha elaborado el IPRA, para turnarlo al área de responsabilidad jurídica, que se encarga de administrar los recursos que serán correspondientes”, sin embargo explicó que la información que ellos brindan tiene que ser reservada como lo señala la ley, ya que eso podría perjudicar el proceso, al no respetar el principio de inocencia.
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