México tiene una deuda histórica para erradicar cualquier intento de tortura, pues en ocasiones la tortura es un método para obtener confesiones, mismas que serán utilizadas en contra de las víctimas en procesos penales, sentenció la diputada federal por Morena, Andrea Chávez Treviño.
Durante su participación en el “Conversatorio sobre el Registro Nacional de Tortura y su Relevancia en la Impartición de Justicia”, la legisladora por Chihuahua comentó la importancia de avanzar con lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada desde 2017 y que desde entonces sentó las bases para la implementación del Registro Nacional de Tortura.
“Los casos de tortura en México, además de dolorosos son injustificables, por ejemplo: Brenda Quevedo fue víctima de tortura por un delito fabricado por órdenes de Isabel Miranda de Wallace. También el caso de Israel Vallarta en aquel montaje de la Guerra contra el narco, por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ahora aprehendido por la justicia estadounidense”, dijo por mencionar algunos ejemplos.
La diputada Andrea Chávez Treviño convocó a organizaciones civiles, a funcionarias del Gobierno Federal y a sus compañeros integrantes de la legislatura a participar en el “Conversatorio sobre el Registro Nacional de Tortura y su Relevancia en la Impartición de Justicia”.
La diputada federal celebró las acciones emprendidas por parte de la Fiscalía General de la República al publicar las Reglas de Operación del Registro Nacional de Tortura, pues además de ser un pendiente normativo, era indispensable para que el Registro comenzará a operar en la realidad del día a día de las autoridades involucradas en la procuración y administración de justicia en México y aquellas que investigan la tortura desde el ámbito de violaciones a los derechos humanos.
Durante la participación de Natalia Pérez Cordero, integrante de FUNDAR, A.C. y especialista en Derechos humanos, mencionó que la normatividad actual que previene la tortura en México también es una conquista de las familias de los sobrevivientes y de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el tema. Pues ellos son quienes han presionado a las autoridades encargadas de investigar e impartir justicia, pues enfatizó que “llevamos 4 años de retraso en la operación del registro”.
Natalia Pérez, señaló la importancia de continuar trabajando en la mejora del Registro Nacional de Tortura, así como fortalecer la coordinación entre instituciones para investigar, recabar, consultar y compartir información valiosa para castigar la tortura y reparar el daño a las víctimas.
La diputada Andrea Chávez agradeció la presencia de las diputadas Amairany Peña, Yolanda de la Torre; también del diputado Manuel Vázquez y el Director General en SEGOB, Félix Santa.
