SICILIANOS.- Quienes conforman la mafia en la Policía Vial se hacen llamar, sin pudor alguno, “los sicilianos”. Estos pertenecen a un grupo selecto de mandos y agentes que no traen cámaras, no los mandan a la sierra a operativos, no atienden choques ni accidentes menores, salvo encargos específicos, y en cambio usan las mejores unidades, tienen turnos especiales, buen equipamiento, pero sólo para instalar retenes en los asaltos, en despoblado que ejecutan.
SICILIANOS I.- Los comanda, aseguran, el delegado de Vialidad, Carlos Gabriel Hernández Borja, quien por encima de otros directivos formales organiza a los jefes de la tropa de los tránsitos, ahora armados, para hacer negocios con el transporte de materiales, con las infracciones de los particulares, con las trampas cazadoras que instalan en avenidas y entradas de la ciudad, de lo cual sale una enorme cantidad de recursos para repartir.
SICILIANOS II.- Los que no son “sicilianos” son los castigados. Son los que, en su terminología mafiosa, son vacas que no dan leche, que no se reportan con la cuota a sus comandantes; y entonces los envían castigados a la sierra a apoyar labores de patrullaje, tareas a las que generalmente van los mismos, los que no entran en el selecto grupo.
OSCURIDAD.- Los que no dan “leche” también son quienes tienen prohibido acercarse a la base de la Policía Vial en su turno, para que no puedan quejarse o inconformarse de los malos tratos; y si se les ocurre ir en sus descansos con alguna queja, jamás los atienden. De hecho el delegado hace como que ni los ve ni los oye, tal vez por eso hasta mandó polarizar su oficina, con el mensaje contundente contra la transparencia y a favor de la opacidad.
RAMAS.- Pero esa es sólo una de las ramas de la organización ilegal e informal que opera en Vialidad. Hay otra del área de Jueces Calificadores, que encabeza Eva Orozco, cuya trayectoria en la dependencia debería ser motivo suficiente para procesarla, pues por acusaciones de corrupción y tratos denigrantes fue retirada de otro cargo directivo.
JURÍDICA.- Como encargada del área jurídica, Orozco tenía su propio grupo especial de tránsitos cazadores para apoyar, indebidamente, despachos de abogados que le pagaban para la ejecución de órdenes de embargos de autos. Ahora se sospecha de que cobraba no sólo para ella, sino también para sus superiores, delegado y director, porque de otra forma no se explica su retorno a un cargo directivo.
CONTRIBUYENTES.- Desde esa área, pasando por Licencias y otras de la dependencia, los más afectados son los automovilistas que por alguna falta administrativa caen en las garras de la mafia vial.
CORRUPCIÓN.- Los abusos a contribuyentes, en una dependencia que jamás se ha distinguido por brindar un trato digno y decente, y los que se cometen contra la tropa, tienen a los agentes desesperados porque no encuentran vías para denunciar la corrupción que se mantiene y crece a la sombra de cualquier gobierno y de cualquier titular.
PROSPERA.- Las denuncias de corrupción en la Subdelegación de Prospera de la Secretaría de Bienestar, que se entregaron a la titular del ramo a nivel federal, María Luisa Albores González y a los responsables de su operación en el estado, involucran a funcionarios de la pasada administración, que continúan en la actual.
NEGOCIOS.- Los negocios privados a costa de la pobreza, aseguran en las denuncias, se extendieron desde su creación en 2012 y durante las gestiones de la parralense Delia Rita Soto y Pedro Domínguez, hasta la actual administración, pues la estructura que mantiene es la misma, con los mismos vicios, la misma gente y los mismos recursos que no se destinan propiamente a los sectores a los que va dirigida esta parte del gasto federal.
ADMINISTRATIVO.- Según las denuncias, el jefe del Departamento Administrativo, César Jesús Donati Espinoza, es señalado por emitir cheques a nombre de personas que ya no figuran en la plantilla de la dependencia, en los que se estampan firmas falsas para ser cobrados y recibir el efectivo para su manejo discrecional.
ADMINISTRATIVO I.- Además es señalado por hacer uso de prestanombres para cobrar cheques por concepto de aguinaldos del personal que prestó sus servicios durante los años 2017 y 2018 y por gestionar viáticos para “fantasmas”.
OPERATIVO.- Aparece también la acusación a Manuel Enrique Suárez Noriega, jefe de Atención Operativa, por la alteración o uso de facturas apócrifas, con el objeto de no reintegrar gastos a la dependencia; además de manejar una nómina de aviadores en los puestos de promotores, que sólo acudían a cobrar sin desempeñar alguna función.
REGIONAL.- La jefa de Atención Regional, Laura Gabriela de Jesús Martínez, es señalada por retener sueldos y aguinaldos de exempleados, en complicidad con Suárez Noriega y el jefe administrativo, también con el truco de inflar la nómina o despedir personal sin reportar a oficinas centrales, para que sus pagos sigan llegando por meses.
REGIONAL I.- La funcionaria además enfrenta quejas por malos tratos a las beneficiarias de los apoyos que brinda Prospera, eso sin contar con señalamientos de las utilizó, condicionándoles los recursos del programa social federal, para campañas políticas del PRI, realidad que el tricolor y todos sus exfuncionarios no pueden negar, pues siempre recurrieron a esa fórmula de usar a los pobres para su estrategia electoral.
ENJUAGUES.- En los enjuagues también participaban el jefe de Planeación y Proyectos Productivos, Eduardo Herrera y el encargado del área jurídica, Alonso Baca, según dicen los mismos empleados.
ELECTORERO.- El uso electorero del programa, por el que obligó también al personal a desempeñar funciones que no le correspondían, llevó a la renuncia de dos funcionarios de su departamento, que se encuentra en condiciones deplorables para operar por esas acciones y por una carga de aviadores, para variar, que sólo se presentan a firmar la nómina.
CUARTA.- Es por ello, dicen, que el programa requiere de una cirugía mayor, que si bien no está en las manos de los responsables federales en el estado, Juan Carlos Loera, Marcelino Gómez Brenes y Víctor Juárez Rentería, tampoco pueden hacerse los occisos como para pasar por alto la estela de corrupción que dejaron sus antecesores.
AUSTERIDAD.- El cuento de la austeridad en el Congreso del Estado, que es eso, puro cuento, se mide con diferentes varas, pues mientras los diputados del PAN que coordina Fernando Álvarez promovieron la desaparición de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, para destituir al morenista Omar Holguín, la realidad es que el gasto de las bancadas, incluida la de Morena, es altísimo e injustificable.
VARAS.- En las oficinas a cargo del coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga, no cantan mal las rancheras con la cantidad que eroga mensualmente el Legislativo para sus asesores y personal de confianza, casi al mismo nivel que el que tiene la bancada mayoritaria de Acción Nacional.
VARAS I.- Por ello, dicen, la destitución de Holguín Franco en aras de la austeridad, para cerrarle el chorro a esa dependencia por la que se pagan cerca de 30 millones de pesos al año, no corresponde al elevado presupuesto que mantienen los legisladores de Morena, que no sólo pagan asesores de lujo, sino que el coordinador Colunga le pega a los 120 mil pesos, más que el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
MORAL.- Por lo anterior, se quejan los azules, cómo y con qué calidad moral los morenos se dan baños de pureza, mientras que critican la supuesta falta de austeridad en el Legislativo, pero a espaldas del presidente y de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, engrosan la nómina premiando con jugosos sueldazos a gente que ni siquiera está afiliada a su propio partido. Incongruencia pura, dicen los panistas, es la que hay en Morena.
AUSTERIDAD.- Aun así, reclaman, Colunga busca promover una supuesta Ley de Austeridad para congraciarse con Morena y su partido a nivel nacional, cuando no hay otra cosa en el Congreso del Estado más que simulación, farsas y mentiras por parte de todas las fuerzas políticas, a las que no se les cae de la boca el discurso de que van a hacer más con menos, cuando en realidad tienen disparado el gasto igual que antes.
GOLPE.- Por cierto, lo que se interpreta como el siguiente golpe a Morena en el Legislativo, que es la reducción de facultades a la Comisión de Fiscalización que encabeza Miguel Ángel Colunga, los conocedores de la materia señalan que tampoco es para que los legisladores se tiren al suelo.
TÉCNICO.- En efecto, dicen, se busca fortalecer a la Auditoría Superior del Estado, no porque la encabece Héctor Acosta Félix, quien debe reportarse con la Comisión de Fiscalización, sino para lograr el establecimiento por norma de un criterio técnico en la revisión de las cuentas públicas.
TÉCNICO I.- En la actualidad prevalece el criterio político en las decisiones que deben ser técnicas, relacionadas con la revisión del gasto público. Y siempre, el PAN, Morena y los opositores tradicionales al PRI habían luchado por cambiar ese sistema que heredaron del tricolor, como un mecanismo de control para los mismos priistas, no se diga para sus rivales.
TÉCNICO II.- Entonces, argumentan, no es un golpe a Morena la modificación de la forma en que labora la ASE y la Comisión de Fiscalización, es una reforma para establecer esos criterios de revisión que deben aplicar los que saben, para no dejar a los diputados una labor que jamás van a poder realizar de forma objetiva, pues lo de ellos es una tarea política.
COMUNICACIÓN.- De Ciudad Juárez nos reportan que al parecer hay intereses para desproteger deliberadamente el proyecto estrella del gobierno del independiente Armando Cabada Alvídrez, y es que según dice la gente del municipio fronterizo, le dejan abiertos varios frentes al presidente municipal en un tema prioritario.
CRÍTICAS.- En pasados días se desataron duras críticas hacia el programa de becas para niños que tengan un promedio de 8.0, pues según se dijo hubo madres de familia que tuvieron que esperar hasta 13 horas para ser atendidas, lo cual fue totalmente falso, pero el engranaje municipal que debe responder y dar la cara por el alcalde, se durmió en sus laureles, o al menos eso quiso aparentar, aunque se fuera entre las patas la imagen de dicha obra social.
ACLARACIÓN.- Los enterados afirman que en realidad la entrega de las becas se realiza en promedio de cuatro horas, pues se inicia a las ocho de la mañana y se termina de atender en su totalidad a las familias que acuden por una beca entre las doce y las dos de la tarde, según la cantidad de gente que llega. Pero nadie fue capaz de aclararlo y, no sólo eso, luego se supo que al parecer se dejó pasar la bola de forma intencional. Así las cosas.
TRANSAS.- Ahora resulta que la empresa distribuidora de medicamentos Egro, representada por Sergio Miller, busca que la Auditoría Superior del Estado presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que hasta la fecha no le liquidan 18 millones de pesos de productos que fueron surtidos en el año 2017.
TRANSAS I.- Pero mientras exista una investigación en curso sobre las irregularidades en las que aparecen el exsecretario de Salud, Ernesto Ávila, el actual funcionario de la dependencia, Gilberto Baca Guardiola y la empresa Egro, no existe obligación real de pagar, sino todo lo contrario.
SOBREPRECIOS.- El sobreprecio pactado está muy documentado y las sospechas abundaron desde la instalación, de la noche a la mañana, de un minilocal en el que Egro se convirtió en la farmacia oficial del Instituto Chihuahuense de la Salud por una adquisición de 80 millones de pesos; como para que ahora la empresa se presente como afectada.
INVESTIGACIÓN.- La investigación de estas irregularidades apunta al exsecretario Ávila, a Héctor Palacios y a Baca Guardiola, quienes, de acuerdo al anuncio que en la semana hizo la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos, podrían ser sancionados administrativamente.
CONSECUENCIAS.- Pero la empresa no puede quedar sin consecuencia alguna, si ni siquiera se han investigado los nexos que llevaran a su sospechosa contratación.
MANIOBRAS.- Además, si las instancias investigadoras hacen bien su trabajo, deberán verificar, con asesoría de epidemiólogos y administradores médicos, el tema de los consumos. Existen muchas maniobras para abusar de una compra de medicamentos en volumen, según los conocedores.
MANIOBRAS I.- Por ejemplo se puede meter un precio bajo en un medicamento de bajo consumo, pero metiendo un costo ligeramente alto en uno de alto consumo. Al jugar con todos los puntos intermedios a estos extremos, se puede disfrazar o maquillar una maniobra de lucro desmedido y sacar una utilidad global superior al 50 por ciento, lo que una empresa legal y que opere en la formalidad difícilmente obtendría por muy buenas ventas que lograra.
COSTOS.- En este caso de Egro, donde el monto máximo pactado era de 80 millones y aún pelea por 18, muy posiblemente ya recuperó sus costos y algo más, lo que pelea en realidad debe su propia ganancia porque las comisiones, a quien sea que se le hayan prometido, seguramente las pagó hace tiempo.
TEATRO.- Si las sanciones no alcanzan a los máximos directivos de la SS estaremos ante un mero acto de teatro para proteger a los verdaderos responsables del “caso Egro”, incluyendo al aún activo Baca Guardiola.
RELACIÓN.- Por cierto, en la sospechosa historia por la que se ha librado de cualquier acción legal el exsecretario de Salud del gobierno de César Duarte, Pedro Hernández Flores, aparece el nombre de Gilberto Baca como su socio y amigo.
SOSPECHAS.- Los que rastrean los desvíos en Salud, renglón que la Operación Justicia para Chihuahua no ha tocado ni por accidente, sospechan que el responsable material de la protección a Hernández y la impunidad que le rodea y sigue infiltrada en el actual gobierno, tiene mucho que ver con el funcionario que se mantiene en la dependencia, pese al cambio que se dio con Jesús Enrique Grajeda, quien relevó a Ávila hace 5 meses.
CONFLICTIVO.- Del conflictivo presidente seccional de El Charco, Carlos Ramos, ahora envuelto en denuncias penales por parte de su antecesor Raúl Ortega y su esposa Mónica Márquez, dicen en el poblado rural que no sólo debe ser sometido a una rigurosa investigación por los golpes a una mujer en el acto de entrega-recepción, sino por un montón de irregularidades que dejó en su primera vez que tuvo el cargo.
CONFLICTIVO I.- El pueblo enfrenta una grave problemática de consumo de alcohol y venta de drogas, que históricamente la Presidencia Municipal de Chihuahua ha desatendido y que, temen, se aguce de nuevo con Ramos, quien en su gestión pasada hasta entró en pleitos con la policía para favorecer a ciertos delincuentes de la zona rural.
INVOLUCRADO.- Los pobladores, además, no olvidan que los familiares de Ramos han sido involucrados en narcomenudeo, como su hermano Rodolfo que fue detenido en Santa Isabel con droga, cuando era chofer de autobús escolar y además comisario de Policía de El Charco, en mayo del año pasado.
CONFLICTO.- Luego el ahora seccional entró en conflicto con la administración de Maru Campos, de la que fue funcionario en el área de Desarrollo Rural, y se dedicó a boicotear cualquier proyecto gubernamental en su pueblo.
GOLPES.- Por eso lo del escándalo de los golpes con su antecesor y su esposa, son lo de menos para quienes están a la espera de que Ramos estrene la camioneta oficial que tiene asignada, y que se la pasa en la capital, regresando al poblado por sus fueros. De ahí que piden sea investigado a fondo como un acicate para que camine derechito, pues para eso le pagan como presidente seccional, no para que haga espectáculos ni para que sirva a otros intereses extraños.
“CONEJA”.- Sobre el caso de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI Nacional, mejor conocido como “la Coneja” en el submundo de la política nacional, llega la anotación de los conocedores del derecho, en torno al ofrecimiento para pagar la reparación del daño por el delito de peculado por 1.7 millones de pesos, cantidad nada despreciable para el ciudadano común, aunque sea como un pelo de gato para políticos encumbrados que ahora son empresarios.
ACUERDO.- La sola oferta de un acuerdo para cerrar el caso, no sólo evidencia que se admite la culpa por el delito que se le acusa, que fue el de cobrar sin dar en realidad, un servicio de transporte aéreo al gobierno de César Duarte, del que existen elementos para probar que se facturó, pero jamás se otorgó.
MILLONES.- Nadie al que le cueste ganar el dinero, dicen los abogados en su lógica, acepta pagar por un delito que no cometió, y menos si no se trata de lo que cuestan unas enchiladas de fonda, sino de casi dos millones de pesos.
COLABORACIÓN.- “La Coneja”, señalan, tuvo su tiempo y su momento de colaborar, pero se acogió a la desmedida protección de la justicia federal en el régimen de Enrique Peña Nieto, aunque ahora salga con que jamás trató con Duarte Jáquez ni conoce a los exfuncionarios que, contrario a él, por extrañas cosas jurídicas, sí están acusados y sometidos a procesos penales no por esa mínima cantidad, sino por el otro cargo por casi 250 millones de pesos del que se libró.
PERSECUCIÓN.- En suma, pues, es contradictorio que ofrezca reparar el daño por el cargo del que se le acusa y luego, sin pudor alguno, salga a decir que la persecución en su contra es política y sin fundamento jurídico alguno, cuando ahí está en autos la evidencia, las facturas de su empresa y las declaraciones de los coimputados que lo señalan.
JALÓN.- Sobre el problema de inactividad en la CEDH, reportan que el pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información ordenó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos dar a conocer información referente al total de quejas presentadas contra las corporaciones municipales de seguridad pública, del año 2010 al 2017, desglosada por año, así como el nombre de la policía municipal señalada.
JALÓN I.- El jalón de orejas que planteó en su proyecto de resolución la comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo se debe a que la CEDH respondió a una solicitud de información de forma incompleta y tramposa.
TRAMPA.- La CEDH respondió que había entregado un archivo con la información requerida por el solicitante, mediante la plataforma tecnológica que se utiliza para esos casos, sin embargo tras una revisión no se encontró documento alguno, sino unos cuantos datos sueltos que poco tenían que ver con lo solicitado. Era una mera trampa burocrática para no responder de manera precisa, clara y correcta.
REVISIÓN.- Fue por ello que los comisionados de Transparencia resolvieron instruir a la comisión que no se anduviera por las ramas y entregara lo solicitado, que para colmo ni siquiera era algo delicado, sino algo de lo más común. Pero es lo que pasa cuando las oficinas públicas pierden el rumbo.
NOS INTERESA SU OPINIÓN, escríbanos al correo electrónico de Ráfagas: rafagas@elheraldodechihuahua.com.mx
