/ miércoles 19 de octubre de 2016

Un detenido, 17 camiones decomisados y 200 elementos de seguridad, saldo del operativo

El Gobierno liberó esta madrugada el bloqueo que manteníantransportistas en vialidades primarias y circundantes al Palacioestatal.

En el operativo en el que participaron agentes desarmados dedistintas corporaciones policiacas, fueron retirados 17 camiones yuna camioneta pick up, unidades que fueron trasladadas al Centro deMando C-4 y quedaron en resguardo de las autoridades deTransporte.

Únicamente un transportista, César Adrián Zubiate, de 36años, quien estaba a bordo de la pick up, fue detenido porpolicías municipales y puesto a disposición de un juezcalificador.

Nadie más opuso resistencia a la acción policial, algunos delos choferes entregaron las llaves de las unidades para lamovilización y otros las dejaron en los camiones que fuerondesplazados por los propios agentes. Sólo un camión fuearrastrado con el uso de una grúa.

La acción rápida, que inició a las 03:05 horas de hoy yconcluyó en 16 minutos, se focalizó en las calles VenustianoCarranza, Aldama y Séptima, donde se habían concentrado lasunidades de transporte que mantenían la obstrucción altráfico.

Luego de la recuperación de las vialidades, se formó una vallapolicial en las inmediaciones de la sede del Gobierno del Estado,vigilancia que se mantendrá para evitar nuevos bloqueos.

Por parte de la Fiscalía General participaron 75 elementos detodas las divisiones, 75 agentes de la Policía Municipal, 23 deTránsito y 18 de Transporte.

La intervención ordenada y diseñada por la Secretaría Generalde Gobierno, fue operada en campo por el primer comandante de laPolicía Ministerial, Édgar Loya y el director de SeguridadPública Municipal, Gilberto Loya.

La Policía Federal estableció un perímetro de seguridad a ladistancia, pero no intervino en el retiro de los camiones. Tambiénse enviaron al lugar, una máquina del Departamento de Bomberos yuna ambulancia, que no reportaron servicio alguno.

Una cuadrilla de Aseo Urbano realizó labores de limpiezamomentos después de la acción policial.

El operativo se realizó bajo la supervisión y vigilancia derepresentantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lavisitadora Karla Gutiérrez informó que la acción policial fuerápida, limpia y efectiva.

Además dio fe pública de la intervención gubernamental, elnotario público 24 Eugenio García, quien señaló que eloperativo se registró sin ningún incidente.

La decisión sobre la intervención, se tomó luego de que losdirigentes de los concesionarios se negaron a la petición formalde la Secretaría General de Gobierno para retirar voluntariamenteel bloqueo y continuar el diálogo sobre los adeudos que mantienela Coordinadora de Transporte Colectivo con los choferes de lasunidades del ViveBús.

El libre tránsito se recuperó en todas las calles que habíansido cerradas desde la mañana del lunes.

Previamente, durante la tarde y noche de ese día, los propiosconcesionarios y choferes habían retirado los camiones quebloqueaban la Teófilo Borunda, desde la calle Independencia hastala Tecnológico, así como otros puntos en las avenidasUniversidad, Niños Héroes y Juárez.

El lunes, el secretario general de Gobierno, César JáureguiRobles, había advertido en un mensaje dirigido a la comunidadchihuahuense, que el Estado saldría a defender el interéspúblico por encima de intereses parciales o de grupo. “Vamos arecuperar el control sobre la administración, supervisión yregulación del transporte”, dijo Jáuregui Robles.

El funcionario consideró que con las afectaciones a losusuarios, el Gobierno está siendo víctima de un chantaje,mediante el cual los transportistas le quieren hacer responsable deobligaciones económicas y laborales, que no tiene, con lostrabajadores del volante.

Robles reiteró que se reconoce a los trabajadores su derecho aun ingreso y al salario, “pero no somos nosotros los responsablesde esos adeudos”.

El funcionario dijo también en el mensaje difundido en video,que el origen de esa deuda está en la colusión de intereses entrela corrupción política del anterior gobierno y la apuesta de estegrupo de concesionarios, para socavar el diseño del nuevo sistemade transporte colectivo, el cual les impidió seguir disponiendo deingresos.

Jáuregui Robles señaló que la administración seguiráactuando a favor de la sociedad, pues su preocupación es la genteafectada en sus derechos de libre tránsito, derecho al trabajo yderecho a la convivencia.

El Gobierno liberó esta madrugada el bloqueo que manteníantransportistas en vialidades primarias y circundantes al Palacioestatal.

En el operativo en el que participaron agentes desarmados dedistintas corporaciones policiacas, fueron retirados 17 camiones yuna camioneta pick up, unidades que fueron trasladadas al Centro deMando C-4 y quedaron en resguardo de las autoridades deTransporte.

Únicamente un transportista, César Adrián Zubiate, de 36años, quien estaba a bordo de la pick up, fue detenido porpolicías municipales y puesto a disposición de un juezcalificador.

Nadie más opuso resistencia a la acción policial, algunos delos choferes entregaron las llaves de las unidades para lamovilización y otros las dejaron en los camiones que fuerondesplazados por los propios agentes. Sólo un camión fuearrastrado con el uso de una grúa.

La acción rápida, que inició a las 03:05 horas de hoy yconcluyó en 16 minutos, se focalizó en las calles VenustianoCarranza, Aldama y Séptima, donde se habían concentrado lasunidades de transporte que mantenían la obstrucción altráfico.

Luego de la recuperación de las vialidades, se formó una vallapolicial en las inmediaciones de la sede del Gobierno del Estado,vigilancia que se mantendrá para evitar nuevos bloqueos.

Por parte de la Fiscalía General participaron 75 elementos detodas las divisiones, 75 agentes de la Policía Municipal, 23 deTránsito y 18 de Transporte.

La intervención ordenada y diseñada por la Secretaría Generalde Gobierno, fue operada en campo por el primer comandante de laPolicía Ministerial, Édgar Loya y el director de SeguridadPública Municipal, Gilberto Loya.

La Policía Federal estableció un perímetro de seguridad a ladistancia, pero no intervino en el retiro de los camiones. Tambiénse enviaron al lugar, una máquina del Departamento de Bomberos yuna ambulancia, que no reportaron servicio alguno.

Una cuadrilla de Aseo Urbano realizó labores de limpiezamomentos después de la acción policial.

El operativo se realizó bajo la supervisión y vigilancia derepresentantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lavisitadora Karla Gutiérrez informó que la acción policial fuerápida, limpia y efectiva.

Además dio fe pública de la intervención gubernamental, elnotario público 24 Eugenio García, quien señaló que eloperativo se registró sin ningún incidente.

La decisión sobre la intervención, se tomó luego de que losdirigentes de los concesionarios se negaron a la petición formalde la Secretaría General de Gobierno para retirar voluntariamenteel bloqueo y continuar el diálogo sobre los adeudos que mantienela Coordinadora de Transporte Colectivo con los choferes de lasunidades del ViveBús.

El libre tránsito se recuperó en todas las calles que habíansido cerradas desde la mañana del lunes.

Previamente, durante la tarde y noche de ese día, los propiosconcesionarios y choferes habían retirado los camiones quebloqueaban la Teófilo Borunda, desde la calle Independencia hastala Tecnológico, así como otros puntos en las avenidasUniversidad, Niños Héroes y Juárez.

El lunes, el secretario general de Gobierno, César JáureguiRobles, había advertido en un mensaje dirigido a la comunidadchihuahuense, que el Estado saldría a defender el interéspúblico por encima de intereses parciales o de grupo. “Vamos arecuperar el control sobre la administración, supervisión yregulación del transporte”, dijo Jáuregui Robles.

El funcionario consideró que con las afectaciones a losusuarios, el Gobierno está siendo víctima de un chantaje,mediante el cual los transportistas le quieren hacer responsable deobligaciones económicas y laborales, que no tiene, con lostrabajadores del volante.

Robles reiteró que se reconoce a los trabajadores su derecho aun ingreso y al salario, “pero no somos nosotros los responsablesde esos adeudos”.

El funcionario dijo también en el mensaje difundido en video,que el origen de esa deuda está en la colusión de intereses entrela corrupción política del anterior gobierno y la apuesta de estegrupo de concesionarios, para socavar el diseño del nuevo sistemade transporte colectivo, el cual les impidió seguir disponiendo deingresos.

Jáuregui Robles señaló que la administración seguiráactuando a favor de la sociedad, pues su preocupación es la genteafectada en sus derechos de libre tránsito, derecho al trabajo yderecho a la convivencia.

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