El 10 de diciembre de 2023 se conmemora el aniversario número 75 de uno de los cambios más significativos y que sin duda, cambió el juego mundial: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Este documento histórico deja claro que todas y todos, sin importar raza, color, religión, género, idioma, ideología política o cualquier otra cosa, tenemos derechos innegociables solo por ser humanos.
Desde el mes de mayo de este año, en Chihuahua, la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos, han colaborado en la creación del Programa Estatal de Derechos Humanos.
Este programa tiene como objetivo primordial identificar y abordar las principales problemáticas en materia de derechos humanos, estableciendo objetivos estratégicos que fortalecen el trabajo y la calidad en este ámbito. Desde el fortalecimiento organizacional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta la garantía de una atención integral a las personas usuarias o víctimas con mecanismos altamente eficientes, se busca mejorar significativamente en esta área.
Chihuahua, dadas sus particulares condiciones sociales y demográficas, demanda una atención especial y el aprovechamiento de todos los recursos disponibles para lograr una mejora continua en la protección de los Derechos Humanos. Esto implica, entre otras cosas, un diagnóstico penitenciario de altos estándares, la atención a víctimas de tortura y, sobre todo, un avance significativo en la atención prioritaria a personas en situación migrante.
A nivel federal, la protección y garantía de los Derechos Humanos ha quedado lamentablemente distante de lo que nuestro país necesita. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desprovista de un órgano consultivo efectivo, ha debilitado su credibilidad al dar preferencia a la emisión de recomendaciones sobre acontecimientos de administraciones anteriores con fines evidentemente políticos en lugar de presentar acciones de inconstitucionalidad respecto a leyes federales.
Esta situación no solo deja mucho por hacer, sino que también evidencia la ausencia de una instancia de referencia o liderazgo que legitime o reconozca las Comisiones de las Entidades Federativas.
En medio de esta convulsa gestión, lo que debemos tener claro es que nos enfrentamos a un arduo trabajo en materia de Derechos Humanos. Como legisladoras y legisladores, es nuestra responsabilidad participar activamente con la sociedad civil y las autoridades para garantizar los derechos humanos.
En temas tan sensibles como desapariciones, tortura y malos tratos, debemos trabajar en mecanismos rápidos y efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, debemos asegurarnos de que las familias de estas personas no pierdan el acceso a los servicios sociales ni al derecho a vivienda, salud o educación mientras sus seres queridos están ausentes. En el ámbito de la justicia penal, aún tenemos un largo camino por recorrer, asegurándonos, por ejemplo, de que todo funcionario o funcionaria que omita registrar evidencia de tortura o malos tratos sea llamado a esclarecer su participación u omisión.
A 75 años de la promulgación de los Derechos Humanos, el desafío sigue siendo colosal, y es nuestra obligación abordarlo con determinación, empatía y un compromiso inquebrantable con el respeto y la protección de los derechos fundamentales de cada individuo.
@geobujanda en X, GeoBujandaCUU en Facebook e Instagram.
