Morena y Juan Carlos Loera impugnaron los resultados, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría de la elección de la gubernatura del estado. En su opinión, se actualizaron diversas causales de nulidad como la indebida integración de las mesas directivas de casilla y que existió error en el cómputo de los votos en casilla, pues existen diferencias en los datos asentados en actas que impactan en el resultado de la elección.
Asimismo, refieren que existieron diversos hechos que vulneraron normas y principios constitucionales en materia electoral que provocan la nulidad de la elección. En esencia, señala que existió: I) intervención de servidores públicos y uso de recursos públicos a favor de la campaña de Maru Campos; II) adquisición indebida de tiempo en televisión; III) propaganda electoral en periodo de veda; IV) rebase del tope de gastos de campaña; V) recursos de procedencia ilícita; VII) intervención de la Iglesia en la contienda; y VIII) conflicto de intereses al estar la gobernadora electa bajo un proceso penal.
El Tribunal Electoral de Chihuahua decidió confirmar la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría a Maru Campos al no asistirles la razón a los impugnantes sobre la ilicitud de los hechos que señalaron. Esto debido a que en la mayoría de los casos no acreditaron, a través de elementos probatorios, que se haya vulnerado la normativa electoral respecto de las temáticas que denunciaron, sus manifestaciones fueron genéricas, subjetivas o imprecisas, o bien, las conductas realizadas no fueron de tal alcance como para anular la decisión de la ciudadanía chihuahuense.
Sin embargo, dado que se acreditaron algunas inconsistencias con la indebida integración de algunas casillas, el Tribunal decidió corregir y modificar el resultado final, pero sosteniendo el triunfo de Maru Campos.
La labor del Tribunal de Chihuahua y las personas que lo integran fue exhaustiva y apegada a derecho, imparcial y objetiva, con el único propósito de otorgar certeza a los chihuahuenses sobre la legalidad de la elección de la gubernatura en el estado. La paz social depende de esa labor, la estabilidad política y el recto gobierno inicia con decisiones como la adoptada por el tribunal. Sin embargo, está en las manos de la sociedad chihuahuense continuar con esta base sólida de gobernabilidad y ser parte de las decisiones que se tomen en nuestra entidad. Esa es la naturaleza de la democracia.
Aún queda una instancia judicial por agotar. Si los actores del juicio consideran que la sentencia fue incorrecta, tienen la posibilidad de inconformarse ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es su derecho, pero también la manera de refrendar y confirmar que el trabajo del Tribunal Estatal Electoral y del Instituto Estatal Electoral están a la altura de la exigencia democrática que México requiere.
