Por: Miguel Carbonell
Doctor en Derecho
Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC
Hace unos meses, en una cena con expertos mexicanos en el tema de seguridad, un alto ejecutivo de una empresa transnacional se quejaba de lo difícil que era encontrar directivos que quisieran venir a vivir a México para atender una de las tres plantas maquiladoras que tenía su empresa en el país. “Les tenemos que aumentar el sueldo un 30% para que acepten, y solamente están dispuestos a vivir en México los que están solteros y no tienen hijos”.
No es sorprendente esa queja. ¿Quién quisiera abandonar Zürich, Shanghai o Nueva York para irse a vivir a Ciudad Juárez, Tijuana o Reynosa llevándose a su familia a un entorno desconocido y peligroso? ¿Qué tipo de motivación se le debe dar a un empleado que gana decenas de miles de dólares al mes para cambiar de país y aventurarse hacia un lugar en el que probablemente necesitará un vehículo blindado y guardaespaldas para salir a la calle?
El desafío quizá más importante que tiene el gobierno de AMLO es precisamente el de la seguridad. Se trata del tema que más le preocupa a los mexicanos, según datos del INEGI en la ENVIPE 2021.
Se trata de un tema en el que los presidentes anteriores apostaron buena parte de su capital político. No es para menos, dadas las enormes cifras de delincuencia que han asolado al país en los años recientes. El homicidio se incrementó en un 300% en los últimos cinco años, lo que significa que retrocedimos tres décadas en esa materia. La extorsión (el llamado “cobro de piso”) se extendió en muchas ciudades, afectando a comerciantes grandes, medianos y pequeños. El secuestro sigue siendo un problema grave en varias entidades federativas.
Lo peor de todo es que la respuesta del Estado mexicano ha sido de una mediocridad insuperable. La mejor prueba de ello es que la gente que es víctima de la delincuencia ni siquiera se atreve a denunciar. El 93% de los delitos quedan sin ser denunciados; desde luego, un delito que no es denunciado mucho menos es investigado y mucho menos es sancionado. Ahí empieza la rueda feroz e imparable de la impunidad.
Todavía hoy en día la capacidad de respuesta del Estado mexicano frente al crimen es muy baja, pese al fortalecimiento evidente de algunas áreas estratégicas a través de la incorporación de elementos provenientes del Ejército y la Marina.
Aunque a veces se cometen abusos y errores en su aplicación, será importante continuar con los controles de confianza y la depuración de las corporaciones policiacas iniciados hace tiempo, pero también deberá ponerse en la mesa la continuidad del Ejército en las calles y la coordinación (hasta ahora casi inexistente) entre la policía y las fiscalías.
Ojalá que los responsables de la seguridad a nivel federal y estatal, además de intentar ser efectivos, estén también conscientes de que deben respetar los derechos humanos. En los años recientes vimos un aumento desproporcionado de la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, todo ello documentado con minuciosidad por las comisiones de derechos humanos y por distintas ONG internacionales. Para los funcionarios responsables de tales atropellos la regla también ha sido la impunidad.
Un reto mayúsculo será el de seguir apostando por mejorar el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, que se desarrolla bajo la lógica de las audiencias orales y que desde su inicio trajo consigo la promesa de permitir una justicia más transparente y entendible para los ciudadanos.
Veremos si en la segunda parte del sexenio se logran mejores resultados en materia de combate a la inseguridad. A la vapuleada economía mexicana le caería muy bien. Y a la ciudadanía, todavía mejor.
