¿Has vivido alguna de las siguientes situaciones? Desvalorización de tu trabajo, discriminación, falta de respeto, comunicación limitada con tu jefe(a), aislamiento o cambio repentino de lugar o área, carga de trabajo desproporcional al nivel de responsabilidad, comentarios sugestivos o sexistas, bromas ofensivas, miradas obscenas, pláticas indeseables, y/o contacto físico sexual no deseado. Esto es violencia laboral y/o sexual.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia laboral como la “que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral (…) o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”.
Esto representa un gran problema para el mercado laboral mexicano. De acuerdo con información del Instituto de Investigación de Salud Ocupacional del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, el 80% de las y los trabajadores han padecido algún tipo de violencia laboral; por otro lado, el Inegi nos indica que, tan sólo durante el primer trimestre 2019, la cifra de empleados(as) que dejaron su trabajo por acoso y discriminación incrementó en un 70.5% respecto al mismo periodo del año pasado. De esta manera se están creando víctimas y, al mismo tiempo, las mismas empresas sufren por la pérdida de talento luego de la inversión en su preparación.
Implementar medidas de prevención en centros laborales no sólo es el camino que la ética, la moral y el mismo sentido común nos deberían dictar, sino que también son una estrategia efectiva para evitar la falta de productividad, el ausentismo, la rotación de personal y otras pérdidas innecesarias, manejando protocolos claros para prevenir y también sobre los pasos a seguir de presentarse un caso. De no hacerlo, incluso puede llevar a la compañía a su final, ya que la reputación de una empresa es gran parte de su capital.
Las políticas públicas van en buen camino: en 2019 hubo tres cambios importantes en cuanto a la violencia laboral en México y en el mundo: (1) el 1 de mayo, Día del Trabajo, se decretó una reforma que, entre otras cosas, obliga a las y los patrones a implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual. (2) La Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso, el cual aún no es ratificado por México, pero que será muy importante por las protecciones amplias para las personas y obligaciones para el estado que incluye, y (3) en octubre entró en vigor la NOM-035-STPS-2018, cuyo objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo sicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo con, entre otras cosas, la aplicación de medidas de prevención y acciones de control como mecanismos para presentar quejas relacionadas a la violencia laboral, incluyendo actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra de la o el trabajador que puedan dañar su integridad o salud.
Para consultar más información y datos al respecto, recomiendo ampliamente la publicación “La (invisibilidad de la) violencia laboral en México”, publicado en el blog Intersecta de Pájaro Político por la investigadora Adriana Ortega.
Aunque estos importantes avances no significan el fin del problema, porque todavía se tienen que aplicar efectivamente en todo el país, nos dan una clara esperanza para el futuro de las relaciones laborales, en las que no se presenten este tipo de problemas que atentan en contra de la dignidad de las personas y de la productividad de las empresas.
