Por: César Wong
Según datos de la Asociación de Internet MX, hasta 2020 existían 86.8 millones de internautas en México, lo que representa un 76.3% de la población de 6 años o más.
El incremento en el número de usuarios se debe, en gran parte, al confinamiento derivado del Covid-19 y al uso de tecnologías relacionadas con la educación y trabajo. No obstante, a la par de este aumento en el uso de dispositivos, una mayor cantidad de usuarios han optado por el uso continuo de redes como para obtener el mayor flujo de información.
El acceso y uso de las redes sociales ha influido en las elecciones. El pasado proceso electoral fue un parteaguas en la difusión de información política-electoral a través de estas plataformas digitales, en especial Facebook e Instagram.
Ahora, la radio y la televisión compiten contra estos medios masivos de información, los cuales han servido como escaparate para la masificación de propuestas, ideas, críticas y posturas político-electorales; ello atendiendo a que son una herramienta que privilegia la libertad de expresión y son más accesibles para toda la ciudadanía.
Este cambio en el sistema de comunicación política aún no se ha regulado de manera idónea. El Tribunal Electoral y el INE han sido los encargados de establecer los límites y criterios aplicables al uso de redes sociales por parte de partidos, candidatos y usuarios en general, entre ellos los denominados influencers.
Un influencer es la persona que tiene, a través de las redes sociales, una plataforma para influir en determinado número de ciudadanos, ya que sus acciones, opiniones o publicaciones generan un impacto directo, derivado de su credibilidad, prestigio, carisma, empatía o presencia en algunos ámbitos sociales.
Es decir, hablamos de personas cuya influencia en internet puede delimitar la opinión de una o varias personas para estar, por ejemplo, de acuerdo o desacuerdo con las propuestas y resultados ofrecidos por un partido político, una ideología político-social o, en su caso, en el sentido del voto respecto de algún candidato.
Dos casos importantes se dieron durante el proceso electoral 2021 respecto a los influencers.
En el caso de Mariana Rodríguez, la Sala Superior determinó que la publicidad difundida en sus redes sociales durante la campaña electoral a favor de su esposo Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, no era una aportación que debía fiscalizarse, pues: i) las publicaciones se emitieron atendiendo al derecho a la libertad de expresión y ii) en apoyo a su esposo.
Por otro lado, tenemos al PVEM, quien difundió propaganda en redes sociales mediante más de 100 influencers en periodo de veda electoral, la cual fue denunciada y se encuentra en investigación. Sin embargo, en asuntos anteriores, la misma sala determinó no sancionar a los influencers porque no se logró acreditar un vínculo de simpatía o militancia con el partido.
Estamos por presenciar la evolución del modelo de comunicación político electoral, tal y como pasó en 2007, cuando los partidos utilizaron la radio y la televisión de una manera desmedida y no regulada para lograr el triunfo electoral.
Ahora es momento de que los poderes Legislativo y Judicial, ante la inminente reforma electoral para 2024, se ocupen del establecimiento de reglas para las redes sociales y sus usuarios, con el fin de privilegiar el principio de equidad en la contienda, ante la posible impunidad que se genere con el uso inadecuado e irregular de estas plataformas y la influencia de sus usuarios en la ciudadanía en general.
Estamos frente a un nuevo reto para delimitar la libertad de la ciudadanía y actores políticos en redes sociales rumbo a la próxima elección presidencial. ¿Debemos privilegiar la libertad de expresión en redes sociales? o ¿es necesario regular la actividad de los influencers en materia electoral? ¿Ustedes qué opinan?
