En días pasados se presentaron unas iniciativas a la Cámara de Diputados por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la editorial de la semana pasada trate de agotar todas pero cada una de ellas exige un estudio especial.
El derecho a la alimentación, al medio ambiente sano y el derecho al agua forman parte de esta propuesta de reestructura constitucional.
Para la protección y garantía del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara a nuestro país libre de maíz genéticamente modificado, como el transgénico, para siembra y consumo humano, así como el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional.
Ya que la principal característica utilizada en la agricultura transgénica es la resistencia a plaguicidas. Tal modificación genética implica un riesgo para la salud humana debido a que las especies que estos transgénicos pretenden combatir evolucionan naturalmente para a su vez resistir a los plaguicidas.
En los últimos años, distintas investigaciones científicas, independientes de la industria trasnacional, han alertado que el glifosato tiene efectos nocivos en la salud de los seres humanos, el medioambiente y la diversidad biológica, y ha sido identificado como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.
En cuanto a la disponibilidad del agua se garantiza que será para consumo personal y uso doméstico prohibiendo el otorgamiento de concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad.
Actualmente, el 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad.
Las concesiones que otorga el Estado para actividades industriales como la minería representan también el uso de cantidades de agua que ponen en riesgo el derecho humano a este vital líquido en zonas donde existe un estrés hídrico importante, por lo que la presente iniciativa propone prohibir el otorgamiento de concesiones en zonas de escasez de agua, para que el agua sea destinada primordialmente para uso personal y doméstico.
La iniciativa también propone prácticas que dañan el medio ambiente y la salud de la población mediante la prohibición de las actividades de minería a cielo abierto y del fracturamiento hidráulico (fracking) con agua como fluido base, para la extracción de hidrocarburos.
Esta propuesta legislativa surge por la devastación de la superficie por dinamitación; la remoción de suelo y de los seres vivos que lo habitan, contaminación acústica; contaminación del aire y del suelo por polvos, gases y vapores de cianuro, mercurio y azufre; daños a la flora y fauna por la desaparición de su hábitat y por la contaminación de los flujos hídricos; filtraciones de agua freática con altos niveles de acidez o de metales peligrosos; enfermedades en las comunidades y en los trabajadores mineros por las sustancias químicas utilizadas; desplazados ambientales, lo que provoca la pérdida de identidades socioculturales, desarraigo y fragmentación del tejido social comunitario, y destrucción de patrimonios arqueológicos y zonas protegidas.
Por la alimentación, el agua, el medio ambiente sano y la salud, que sean aprobadas estas iniciativas.
¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!
