La comunicación política es la comunicación que se genera entre gobernantes y gobernados. Su denominación es un concepto que surge en los años cincuenta, pero su antecedente más antiguo es la retórica practicada por Platón y Aristóteles en las plazas públicas.
La comunicación entre los órganos de poder y los ciudadanos ha existido siempre, la cual ha permitido el desarrollo de las sociedades. Se dice que es tan vieja como la política.
Los medios de comunicación son un elemento fundamental para que pueda llevarse a cabo este proceso, ya que las actividades que se realizan al interior de la administración siempre surtirán sus efectos en la vida de los gobernados, los cuales requerirán ser informados de ellos.
Actualmente, las redes sociales de los titulares de algunos de los órganos administrativos son utilizadas para informar sobre su actuación y esto permite que haya una retroalimentación sobre la aceptación o no de sus actos, efecto que se dará sólo en la población que tiene acceso a estas fuentes electrónicas de la información. Hay que reconocer que la función de los periodistas permite que obtengamos material informativo de mayor calidad.
En este proceso de comunicación en el que intervienen órganos de poder, partidos políticos, medios y ciudadanos, puede llegar a existir guerra de intereses. Lo cierto es que se requiere que alguno de ellos comience a generar información.
La comunicación de gobernados a gobernantes puede darse por medio del derecho de petición que se encuentra regulado en el artículo octavo constitucional, el cual consiste en presentar de forma pacífica y respetuosa un escrito al cual deberá de recaer respuesta en breve término al peticionario.
Tenemos vigente la Ley de Consulta Popular, la cual autoriza al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus respectivas competencias regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la consulta popular.
En los regímenes democráticos los ciudadanos son protagonistas de su propio destino, es un espacio de interacción entre los ciudadanos y el Estado. Por ello no considerar a los gobernados en las decisiones que involucran a todos es un acto antidemocrático y falto de legitimidad.
La consulta popular es un mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su opinión en temas de trascendencia nacional. La ley en comento restringe este derecho a los temas de derechos humanos y materia electoral. Aquí vemos que hay algunas decisiones que son soberanas, en las cuales nos excluye como gobernados nuestra intervención.
¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!
