Por: César Wong
Anteriormente expliqué cuáles eran los requisitos y características del proceso de revocación de mandato del presidente de la República. En resumen, la ciudadanía es quien solicita el inicio del proceso y el INE lo organiza y vigila. Para que se lleve a cabo, se requiere que al menos el 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores respalde la solicitud. De recopilarse el apoyo necesario, la consulta se realizaría el próximo 10 de abril.
El actual obstáculo de este instrumento de participación ciudadana está relacionado con cuestiones presupuestales. El INE solicitó al poder Legislativo $5,821’851,704 para realizar el proceso. No obstante, debido a la reducción del presupuesto otorgado al INE el monto debió ajustarse a solo $1,275’900,000.
Para la mayoría del Consejo General del INE, la reducción del presupuesto impide ejecutar el procedimiento de revocación de mandato, pues sostienen que a pesar del ajuste presupuestario, apenas es posible fondear uno de cada tres pesos de lo que costaría la realización del ejercicio democrático.
De esta manera, el INE aprobó el aplazamiento temporal del proceso de revocación hasta que existan las condiciones jurídicas y presupuestales necesarias para que pueda cumplirse formal y materialmente; es decir, hasta que pueda atenderse a los fines previstos por la Constitución y la ley, y que su desarrollo y conclusión sea eficaz.
La minoría del Consejo General del INE consideró que este déficit presupuestal puede solventarse si se instala un número menor de casillas, se elimina el conteo rápido o se reduce la impresión de documentación.
Debido a lo anterior, el aplazamiento surtirá efecto a partir de las etapas subsecuentes a la verificación de las firmas de apoyo; por tanto, está en duda el momento de la emisión del informe sobre el número de firmas recabado, la emisión de la convocatoria, la integración de más de 161 mil casillas, la impresión de documentación, la capacitación de funcionarios y el día de la jornada.
Cabe destacar que el INE promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra el Presupuesto de Egresos 2022, al considerar que los recursos otorgados por el Legislativo imposibilitaban el debido desarrollo de la revocación de mandato. Por ello será hasta que se resuelva este asunto cuando se esclarezca si el aplazamiento deja de surtir efectos, o bien, cuando las autoridades hacendarias determinen algún nuevo ajuste o ampliación al presupuesto del INE.
Por lo pronto, este tema es ya una prioridad en el escenario político nacional, al considerarse como una disputa entre el INE y los poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que sin lugar a dudas llevará a la promoción de denuncias y demandas ante la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y autoridades penales.
A esto debemos agregar que existe ya una gran polarización entre medios de comunicación, partidos políticos y ciudadanía; aunado a que, según trascendió, se inhabilitarán a más de 600 promotores de la revocación de mandato por la presentación de apoyos falsos, lo que indudablemente complica el escenario político.
Una disputa como ésta es lo que México menos necesita. Si bien, a todas luces el tema refleja un ejercicio democrático en el que todos tienen un punto de vista que debe ser respetado, las condiciones sociales derivadas del aumento de la contingencia sanitaria y la inflación económica complican aún más el panorama para el próximo año. Cumplir la ley sin el presupuesto necesario o suspender el proceso de revocación, ¿ustedes qué opinan?
