El representante de El Barzón, Gabino Gómez Escárcega, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado mantiene dentro de diversas denuncias a 40 integrantes de la asociación, de los cuales 19 ya cuentan con órdenes de aprehensión libradas por el Poder Judicial del Estado para su pronta detención.
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Comentó que a raíz de estos hechos se han tramitado diversos amparos para evitar que las autoridades estatales capturen a los integrantes de El Barzón, como fue el caso de Joaquín Solorio, quien a raíz de un “amparo buscador” se percató de las órdenes de captura que se había solicitado la Fiscalía General del Estado en su contra.
“Hay una denuncia penal de parte de los LeBarón por el conflicto del agua en el rancho La Mojina, que colinda con el ejido Constitución, esa zona ha tenido la perforación de pozos ilegales por parte de Joel LeBarón, ellos comienzan a desmontar sin autorización para cambiar el uso de suelo de ganadero a agrícola, se denunció ante las instancias correspondiente, pero no hicieron nada”, refirió.
Aseguró que esto sucedió en 2017, cuando Joel Francisco LeBarón Soto y su familia, en el predio ganadero El Paraíso y/o La Mojina, realizaron desmontes de tierras en cerca de 300 hectáreas sin contar con el cambio de uso de suelo, así como la perforación de nueve pozos, sin contar con permiso ni concesión de la Conagua para realizar la actividad agrícola y empezó a utilizar motores de combustión interna para irrigar una superficie de 300 hectáreas de cultivo de nogal.
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Comentó que el motivo de la denuncia fue que en una ocasión los ejidatarios se reunieron y pidieron una revisión de La Mojina y cuando entraron fueron recibidos a balazos, “localizaron 11 pozos ilegales, hubo denuncia por entrar al rancho, hay 40 personas señaladas en la denuncia, pero 19 ya tienen orden de investigación vigente”.
El activista Gabino Gómez dijo que todas las irregularidades se dieron a conocer a través de la Profepa y la Semarnat, pero que no pasó nada, por lo cual la comunidad mormona comenzó a perforar al comprar un permiso de forma “ilegal”, porque lo compraron a un vecino del rancho La Agricultura, el cual fue revisado y se percataron que la compra se dio después del fallecimiento del dueño.
Comentó que al morir el dueño del permiso no podría haberse vendido y cuando se traspasa un permiso como tal se cancela el pozo original y a pesar de esto el lugar sigue operando con normalidad.
“Sí existen las órdenes de aprehensión, nos dimos cuenta por un informe que se rindió por las autoridades federales, se están tramitando los amparos correspondientes para evitar que sean detenidos y para conocer más investigaciones en contra de los posibles responsables”, señaló.
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Como antecedente de los hechos, dijo que El Barzón desde 2012 campesinos de la región noroeste de Chihuahua iniciaron un movimiento para denunciar la existencia de cientos de pozos ilegales sobre la cuenca hidrológica del río Del Carmen, misma que se encuentra en veda desde 1954 por decreto presidencial y que esta sobreexplotación afectaba directamente a las personas productoras.
Gabino recordó que los ejidatarios al tener una concesión legal sobre el agua para el riego de sus cosechas no podían disponer del volumen al que tenían derecho, por los diferentes pozos ilegales que existen en esa zona del estado, lo cual ha sido expuesto ante todas las instancias del Estado, sin que exista algún resultado por más de 10 años, tiempo en el que los productores han sufrido afectaciones directas no sólo en sus cosechas, sino incluso en la disposición de agua para uso doméstico.
Compartió que el pasado 1 de abril solicitaron al Gobierno de la República iniciar de manera inmediata un diálogo con la presencia del Gobierno federal de oficinas centrales (Segob, Conagua, Profepa, Semarnat y CFE) y gobierno del estado con los representantes de El Barzón y de las comunidades afectadas.
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Asimismo reiniciar el ordenamiento sustentable del agua en la región, iniciando con el cierre de los pozos ilegales de la familia LeBarón, revisar el tema de justicia por el asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís y otros activistas defensores del agua en la región, además de detener el hostigamiento de la Fiscalía General del Estado en contra de productores de la región.
