Ante el Congreso del Estado, la diputada Georgina Bujanda presentó una iniciativa por medio de la cual busca que en la entidad se tipifique como delito la ejecución extrajudicial; esto, por medio de una modificación al Código Penal del Estado.
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De esa manera, se pretende incorporar todo un capítulo en la ley en mención en donde se especifiquen las cuestiones a castigar, así como las penas, las cuales se proponen que sean de veinte a sesenta años de prisión y una multa de quinientos a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Se prevé que incrementen hasta en una mitad en su mínimo y su máximo cuando la muerte de la persona se ocasione durante la detención o prisión como consecuencia de tortura o tratos crueles.
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Cuando un funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado realice, ejecute, ordene, autorice o apoye la privación de la vida de alguna persona; o cuando algún individuo concrete esa misma acción con el total respaldo de las autoridades, es cuando se considera una ejecución extrajudicial.
En su exposición de motivos, la integrante del Partido Acción Nacional, explicó que en la Asamblea General se manifiesta la consternación ante la recurrencia de ejecuciones sumarias y arbitrarias en diversas regiones del mundo, razón por la cual se instó a los Estados Miembros a respetar, como estándar mínimo las disposiciones contempladas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Compartiendo diferentes casos en los que se han presentado este tipo de delitos, es como dejó de manifiesto que estas actividades muestran las violaciones a los derechos humanos, por lo que las autoridades deben verse obligadas a brindar atención y generar seguridad dentro de la población.
Por lo anteriormente mencionado, Bujanda Ríos considera urgente reformar el Código Penal a fin de castigar este tipo de acciones y, de esa manera, evitar que estas conductas se sigan presentando en la entidad. Eso permitirá que la ciudadanía tenga acceso a la certeza jurídica de un medio legal existente.
