El juez Eduardo Alexis Ornelas Pérez resolvió vincular a proceso al imputado Octavio L.G., correspondiente a la tercera causa penal, 2693/2020, en la cual se habla de un supuesto desvío de 2.5 millones de pesos para la Distribuidora Agrícola del Norte, el cual se realizó con la simulación de compra para agroquímicos como apoyos para entregar en el municipio de Allende, debido a una tromba que se presentó en aquella zona en el 2012.
Esto, en la audiencia de continuación de proceso que inició este lunes a las 11 de la mañana y culminó minutos antes de las 3 de la tarde, en la que el juzgador mencionado escuchó los argumentos de la representación social y de la defensa de Octavio L. G.
Hay que recordar, que correspondiente a esta causa penal, se tiene la teoría de que el imputado, aun ostentando su cargo de Secretario de Desarrollo Rural, se organizó con otros ex funcionarios a fin de simular la compra de agroquímicos con un valor de 2.5 millones de pesos por medio de una adjudicación directa.
En esta ocasión, el argumento del Ministerio Público giró en torno a que Octavio L.G. dejó de ser titular de Desarrollo Rural el pasado 31 octubre 2014, y se había trasladado a la ciudad de Xalapa Veracruz, para trabajar en el Gobierno Federal; sin embargo, con fecha de 2016 el imputado firmó un documento con fecha del 2012, por lo que esto concuerda con la teoría de la Fiscalía de que hubo una intención de encubrir algún hecho delictivo.
Al respecto, el juez Ornelas Pérez dijo que lo anterior es un dato seriamente incriminatorio, e indicó que las otras argumentaciones de la Fiscalía hacen pensar que hay indicios de que hubo una coalición para establecer el desvío de recursos.
Por su parte, la defensa de Octavio L. G. desestimó el testimonio de uno de los testigos protegidos, que dijo Héctor Villasana, más bien es un imputado protegido y que ha sido utilizado por la Fiscalía para atestiguar en más de 80 carpetas de investigación, lo cual indicó es un hecho que apunta a la impunidad y que le resta credibilidad a su testimonio.
Sin embargo el juez indicó que los testigos con identidad bajo reserva tienen credibilidad, y que los indicios presentados por la representación social son datos sustentables de que existió una organización para desviar los recursos públicos, además de que es incuestionable que con base en esta facultad pudo tener una oportunidad o posición para coadyuvar al desvío de recursos.
Fue así que se resolvió su vinculación de proceso por el delito de peculado, con penalidad agravada; el MP solicitó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, puesto que falta recabar información financiera de la persona moral a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores luego será analizada por Unidad Financiera de la Fiscalía; sin embargo, el juez determinó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria.
