/ viernes 2 de febrero de 2018

Decisión de liberar a presuntos pistoleros, fue apegada a derecho

Aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jímenez Castro

La Fiscalía General del Estado no logró acreditar la solicitud de apoyo que hizo la Policía Federal luego del enfrentamiento contra el grupo armado del "80" en Namiquipa y eso derivó que más adelante la detención de los 7 integrantes de grupos contrarios fuera ilegal, señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia Julio César Jiménez Castro.

El titular del Poder Judicial detalló que los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad fallaron en el procedimiento de detención, por lo que la decisión del juez fue apegada a derecho.

Agregó que el Poder Judicial está abierto a continuar con el proceso y que incluso esperaban que la FGE hiciera la solicitud de imputación contra los presuntos delincuentes pero que prefirió apelar la decisión del juez.

Indicó que el Ministerio Público omitió hacer alusión en la carpeta de investigación al auxilio que pidió la Policía Federal y por eso no había el enlace entre la detención de la Policía Estatal con relación a la petición de apoyo.

“Esto motivó a que el juez no tuviera la información suficiente, a pesar de que preguntó en la audiencia si tenían la vinculación de los hechos, a lo que la respuesta del fiscal fue que no había manera de justificarlo”.

Reiteró que la Fiscalía General del Estado ha omitido solicitar la audiencia para estar en condiciones de seguir con el proceso y determinar si esas personas son o no imputables por alguno de los delitos como uso de vehículos robados, posesión de armas y drogas.

Jiménez Castro explicó que el juez debe examinar muchas cosas, entre ellas la causa de la detención, la cual no pudo ser justificada por los fiscales.

“Simplemente dijeron que iban por la carretera, supieron que se trataba de las personas que aparentemente habían tenido el enfrentamiento, pero de acuerdo con los lineamientos no se demostró vinculación entre un hecho y el otro”, señaló.

El magistrado mencionó que el juez debe revisar que todas las detenciones sean legales, por lo que de no cumplir con los requerimientos, por ley debe liberarlos ante la violación de los derechos humanos, situación que pasa en todos los casos.

Dejó claro que el Ministerio Público está en aptitud de solicitar la audiencia de imputación y continuar con el procedimiento, siempre y cuando sea solicitado por la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado no logró acreditar la solicitud de apoyo que hizo la Policía Federal luego del enfrentamiento contra el grupo armado del "80" en Namiquipa y eso derivó que más adelante la detención de los 7 integrantes de grupos contrarios fuera ilegal, señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia Julio César Jiménez Castro.

El titular del Poder Judicial detalló que los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad fallaron en el procedimiento de detención, por lo que la decisión del juez fue apegada a derecho.

Agregó que el Poder Judicial está abierto a continuar con el proceso y que incluso esperaban que la FGE hiciera la solicitud de imputación contra los presuntos delincuentes pero que prefirió apelar la decisión del juez.

Indicó que el Ministerio Público omitió hacer alusión en la carpeta de investigación al auxilio que pidió la Policía Federal y por eso no había el enlace entre la detención de la Policía Estatal con relación a la petición de apoyo.

“Esto motivó a que el juez no tuviera la información suficiente, a pesar de que preguntó en la audiencia si tenían la vinculación de los hechos, a lo que la respuesta del fiscal fue que no había manera de justificarlo”.

Reiteró que la Fiscalía General del Estado ha omitido solicitar la audiencia para estar en condiciones de seguir con el proceso y determinar si esas personas son o no imputables por alguno de los delitos como uso de vehículos robados, posesión de armas y drogas.

Jiménez Castro explicó que el juez debe examinar muchas cosas, entre ellas la causa de la detención, la cual no pudo ser justificada por los fiscales.

“Simplemente dijeron que iban por la carretera, supieron que se trataba de las personas que aparentemente habían tenido el enfrentamiento, pero de acuerdo con los lineamientos no se demostró vinculación entre un hecho y el otro”, señaló.

El magistrado mencionó que el juez debe revisar que todas las detenciones sean legales, por lo que de no cumplir con los requerimientos, por ley debe liberarlos ante la violación de los derechos humanos, situación que pasa en todos los casos.

Dejó claro que el Ministerio Público está en aptitud de solicitar la audiencia de imputación y continuar con el procedimiento, siempre y cuando sea solicitado por la Fiscalía General del Estado.

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