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“Es una diferencia de puntos de vista: los usuarios dicen ‘no vamos a pagar por adelantado’, mientras que Conagua ya quiere que abonen al tratado, entonces esa es la discusión que está”, declaró el diputado federal Mario Mata, en cuanto a la actualización del conflicto entre la dependencia federal y los productores por el agua de Chihuahua.
Expuso que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), está presionada porque proyecta que no se podrá cumplir con la “obligación” del Tratado de Aguas del 44, que son 431.7 millones de metros cúbicos.
Mata destacó que la dependencia también habla de un “adeudo” del ciclo 34/2010-2015 porque se terminó con un adeudo, no se cumplió al 100%, pero en el año 2016 se pagó ese adeudo con el acta 234, es un acta supletoria o adicional al tratado, que la firman Estados Unidos y México, donde se permite que los adeudos se puedan pagar de tres formas: con excedentes de agua de México, cambiando los porcentajes de asignación o que se pueda pagar también con aguas de las presas internacionales y eso fue como se realizó: se pagó con el agua de éstas últimas que le pertenecía a México porque hubo bastante lluvia en 2016.
Los usuarios alegan que realmente ya no deben el ciclo 34 y tendrían que esperar a octubre de 2020 para ver si queda o no un adeudo, pero Conagua insiste en que no se puede terminar este ciclo porque se usó el acta 234 y aunque el tratado no dice que pueden ser dos convenios consecutivos, terminando con un adeudo, el acta sí.
“Es una diferencia de puntos de vista: los usuarios dicen: no vamos a pagar por adelantado hasta octubre, mientras que Conagua ya quiere que abonen, entonces esa es la discusión que está. Mi percepción es que no van a abrir las presas agrícolas, por el antecedente político y no pueden por el amparo que procedió del Módulo 7, no obstante, ahora tenemos un problema más importante que el tratado que es la Nueva Ley de Aguas Nacionales”, recalcó.
Desde su punto de vista, la Nueva Ley de Aguas Nacionales tiene tres grandes afectaciones: desaparecen los distritos y las unidades de riego, y lo que está ciudadanizado volvería a control del Gobierno; además se establece un impuesto adicional al agua y se quita el subsidio.
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