“Cuando hay enriquecimiento, que no fue un golpe de suerte, será a no dudar –se advierte- del robo acumulamiento”.
Desde el punto de vista legal, el enriquecimiento inexplicable es un procedimiento de investigación, para comprobar –si fuere el caso- que algún funcionario o empleado público se hubiera enriquecido notoriamente por encima de sus posibilidades económicas. No es un delito, ni una falta ni siquiera un ilícito. Es una simple investigación que puede llevar a cabo de oficio, o previa denuncia, el Ministerio Público Federal; y por derogación, este procedimiento se cambió y se transformó por un tipo penal expreso; “el enriquecimiento ilícito”. Éste, como la comprobación del aparente enriquecimiento inexplicable, que de probarse será un delito penal. Y son susceptibles de ser investigados todos los funcionarios y empleados de la Federación; los senadores y los diputados al Congreso de la Unión; los altos funcionarios del Poder Judicial federal o Ministros de la Suprema Corte de Justicia; y los altos funcionarios estatales, como gobernadores y diputados y por extensión entrarán como objeto de la investigación terceras personas, como familiares y empleados del investigado. De ahí la necesidad de manifestar los bienes patrimoniales antes de tomar posesión del encargo. ¿Pero, cuál es la penalización de un funcionario o político deshonesto? La ley prevé, efectos por demás simplistas; de ser culpable el investigado: 1) será destituido 2) obligado a devolver los bienes cuya procedencia legítima no hubiera podido comprobar, y a favor de la Nación. Y hasta aquí con la penalización; de entregar lo robado, el funcionario deshonesto si no ha cometido ningún otro ilícito penal, será puesto en libertad. Pero todavía hay más, si se tratase de altos funcionarios de la Federación, deberá proceder una declaración del Senado para que se pueda destituir al funcionario, así como para que se pueda seguir el procedimiento ante su juez competente. Y otro atenuante más: podrá ser investigado sólo por el periodo de su último encargo. Por esta razón vemos cómo los “pollos gordos” toman las de Villadiego, sin que nadie los moleste y cargados de capitales.
Podemos observar en el caso de Chihuahua cómo un exgobernador acusado de peculado, que posee una fortuna superior mil veces a lo que sus legítimos salarios le hubieran acumulado en veinte o treinta años de servicio público, el día de hoy reclama bienes inmuebles adquiridos antes del ejercicio de su gubernatura… ranchos y propiedades que con mucho exceden sus ingresos legítimos de aquellos tiempos; pero que en su momento nadie denunció, y por lo tanto no entran en el proceso de “enriquecimiento ilícito”. El colmo de la desfachatez, de la ceguera jurídica y la impunidad; delito a todas luces tolerado por los tres poderes de gobierno. Mientras la ley siga siendo “dura lex”, para el que roba para comer, y blanda y permisiva para el que roba millones del pueblo y el erario, seguirá aumentando la descomposición política gubernamental de manera exponencial. De todo esto, nosotros “el pueblo globero”, somos causantes y culpables. En el estado de Chihuahua se tolera la impunidad de los altos políticos, en aras de la conveniencia y el acomodo; y por supuesto del futurismo político. Por ello debemos investigar a los políticos corruptos, por enriquecimiento inexplicable; y castigarlos por enriquecimiento ilícito probado; pero con restitución de los bienes robados y además cárcel, por un mínimo de tiempo según el monto robado. O seguiremos lamentándonos a perpetuidad.
