López Obrador prometió que su gobierno dará fin al presidencialismo, “el Ejecutivo no será más el poder de los poderes” y que en su gobierno terminará la tradición mexicana del poder presidencialista. Lo dijo justo después del acto protocolario en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde recibió su constancia de mayoría.
Palabras huecas que no parece vayan a concretarse. Lo peor de todo, es que sus expresiones posteriores indican que, al contrario, será una etapa de gobierno terriblemente centralista, populista y ultrapresidencial.
Veamos sólo una de las propuestas que hizo durante su campaña y que corroboró después de recibir su constancia como presidente electo de México: Reducir el sueldo a todos los servidores públicos (como está en la Constitución, pero no se cumple), para que ninguno de ellos gane más que lo que percibe el presidente.
¿Y por qué nadie más que el presidente?, ¿acaso los tres poderes de la Unión no son igual de importantes, equilibrados y tienen similar rango de poder en nuestra carta magna? ¿Por qué, en lugar del presidente, no se fija la tasa máxima en el presidente de la Suprema Corte de la Justicia o en lo que perciben los titulares del Poder Legislativo?
Simple y sencillamente por la subsistencia de nuestra cultura presidencialista. Porque el presidente seguirá considerándose el “gran tlatoani” del país, el que dice, dicta y manda. Es falso el derrumbe del poder omnímodo del mandatario nacional, como falsa será la prominencia del trabajo por encima del influyentismo.
“Millones de compatriotas aspiran a vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos”, dijo. Pero él debe recibir el mayor sueldo de todo servidor público, en una absurda desigualdad económica tipo presidencialista.
Y entonces, empezarán a caer los mejores servidores públicos, expertos en las materias más complejas del gobierno; nadie estará dispuesto a jugarse el prestigio por medidas populistas. Y los magistrados, jueces y especialistas del Poder Judicial, diputados y senadores, así como especialistas de paraestatales como Pemex, CFE y muchas más, tendrán que buscarse la vida en el sector privado, porque el gobierno se habrá vuelto un refugio de políticos oportunistas, mal preparados y dispuestos a vender su alma por la mitad de lo que gana el presidente.
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