/ lunes 26 de julio de 2021

Regularizar “chuecos” legaliza el contrabando, premia la ilegalidad y amenaza a la economía de Chihuahua

¿Por qué regularizar los autos “basura” de Estados Unidos cuando en México podemos idear estrategias para estimular la compra de autos nuevos o usados sin necesidad de importarlos de otro país, y así evitar riesgos a la vida de los conductores y sobre todo impulsar la recaudación de ingresos del Estado y el ejercicio pleno del Estado de Derecho?

En Chihuahua desde la década de los 70 comenzó el acarreo de autos que en el vecino país del norte se desechaban por su desgaste y alto kilometraje, sin embargo varias administraciones federales no han podido poner orden y cortar el problema de raíz a pesar de los 19 procesos de legalización que han abierto.

Desde entonces miles de autos que incumplen las normas ecológicas vigentes, como la NOM-042-Semarnat-2003 y la NOM-044-Semarnat-2017, han circulado en nuestro estado, deteriorando el medio ambiente, muchos de ellos internados hacia México de forma ilegal, ya sea por brechas o por las aduanas fronterizas de forma corrupta.

A todas luces, el crimen organizado se ha beneficiado de esta actividad, ya que los autos “chocolate” que no fueron legalmente ingresados al país no están debidamente registrados; el problema estriba en que al cometerse ilícitos en estos vehículos resulta totalmente imposible dar con el paradero del o los responsables, generando así impunidad. A ello se le suma un fuerte impacto en los ingresos del Estado al no captar los impuestos que todos los mexicanos debemos pagar por el derecho de circular en un vehículo.

Aunque sabemos que en la frontera norte de Chihuahua se viven condiciones muy específicas, donde el impacto económico generado por el Covid-19, el cierre de fronteras y la inmigración propician necesidades sociales que hacen que la mayoría de los ciudadanos opte por adquirir autos ilegales a menor precio.

Pero es aquí donde surge la necesidad de un gobierno que ponga un “hasta aquí” de una vez por todas, sin embargo no creo que suceda en este sexenio, puesto que hoy en día importar un vehículo usado es factible de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estima que de darse esta regularización podría implicar una caída del 39% en las ventas del mercado nacional. Lo anterior podría representar un golpe devastador para el sector automotriz del país que de por sí ya viene muy desgastado, ya que en el mercado nacional se vendieron 428,312 vehículos ligeros durante enero-mayo 2021; esto representa 19.8% por debajo de los niveles registrados en enero-mayo 2019. La producción total de vehículos ligeros está 19.7% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia.

Pero el impacto negativo no quedaría ahí, pues se estima que 2 millones de empleos ligados a la fabricación de transporte estarían en riesgo al contraerse el mercado interno.

Por todo lo anterior considero que legalizar autos “chuecos” representa un gravísimo atentado contra uno de los sectores claves de nuestra economía, ya que la industria automotriz representa cerca del 20% del PIB manufacturero nacional.

¿Por qué regularizar los autos “basura” de Estados Unidos cuando en México podemos idear estrategias para estimular la compra de autos nuevos o usados sin necesidad de importarlos de otro país, y así evitar riesgos a la vida de los conductores y sobre todo impulsar la recaudación de ingresos del Estado y el ejercicio pleno del Estado de Derecho?

En Chihuahua desde la década de los 70 comenzó el acarreo de autos que en el vecino país del norte se desechaban por su desgaste y alto kilometraje, sin embargo varias administraciones federales no han podido poner orden y cortar el problema de raíz a pesar de los 19 procesos de legalización que han abierto.

Desde entonces miles de autos que incumplen las normas ecológicas vigentes, como la NOM-042-Semarnat-2003 y la NOM-044-Semarnat-2017, han circulado en nuestro estado, deteriorando el medio ambiente, muchos de ellos internados hacia México de forma ilegal, ya sea por brechas o por las aduanas fronterizas de forma corrupta.

A todas luces, el crimen organizado se ha beneficiado de esta actividad, ya que los autos “chocolate” que no fueron legalmente ingresados al país no están debidamente registrados; el problema estriba en que al cometerse ilícitos en estos vehículos resulta totalmente imposible dar con el paradero del o los responsables, generando así impunidad. A ello se le suma un fuerte impacto en los ingresos del Estado al no captar los impuestos que todos los mexicanos debemos pagar por el derecho de circular en un vehículo.

Aunque sabemos que en la frontera norte de Chihuahua se viven condiciones muy específicas, donde el impacto económico generado por el Covid-19, el cierre de fronteras y la inmigración propician necesidades sociales que hacen que la mayoría de los ciudadanos opte por adquirir autos ilegales a menor precio.

Pero es aquí donde surge la necesidad de un gobierno que ponga un “hasta aquí” de una vez por todas, sin embargo no creo que suceda en este sexenio, puesto que hoy en día importar un vehículo usado es factible de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estima que de darse esta regularización podría implicar una caída del 39% en las ventas del mercado nacional. Lo anterior podría representar un golpe devastador para el sector automotriz del país que de por sí ya viene muy desgastado, ya que en el mercado nacional se vendieron 428,312 vehículos ligeros durante enero-mayo 2021; esto representa 19.8% por debajo de los niveles registrados en enero-mayo 2019. La producción total de vehículos ligeros está 19.7% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia.

Pero el impacto negativo no quedaría ahí, pues se estima que 2 millones de empleos ligados a la fabricación de transporte estarían en riesgo al contraerse el mercado interno.

Por todo lo anterior considero que legalizar autos “chuecos” representa un gravísimo atentado contra uno de los sectores claves de nuestra economía, ya que la industria automotriz representa cerca del 20% del PIB manufacturero nacional.