Uno de los más importantes retos para Chihuahua es lograr un crecimiento económico, social y medioambiental equilibrado y constante, pero para lograrlo es indispensable un nuevo pacto fiscal que abra la llave de las participaciones federales, que detone nuevas inversiones a favor de los chihuahuenses.
En ese sentido, y aprovechando el proceso electoral actual, considero de suma relevancia exigir como ciudadanos, a los candidatos, que, de llegar a algún espacio de representación, favorezcan a nuestro estado en la asignación de recursos.
Esto viene a colación porque el pasado miércoles 24 de mayo tuve la oportunidad de asistir a Diálogos Ciudadanos con aspirantes al Senado de la República por Chihuahua, organizado por COPARMEX Chihuahua en coordinación con el CCE Chihuahua, quienes vertieron al público sus propuestas.
Aprovecho para felicitar a Chava Carrejo y a todo su Consejo por la profesional organización. Y retomando el tema, pude escuchar a los aspirantes decir que el pacto fiscal es muy importante para nuestra entidad, pues, en la actualidad, por cada peso que aportamos recibimos menos de 30 centavos, y ¿qué significa esto?, que nuestras aportaciones se están quedando en el centro del País.
Entonces, estamos hablando de centralismo y no de federalismo, además de que la actual administración federal ha dirigido los recursos de los mexicanos a obras insignia en el sur de la República, dejando en un abandono brutal al resto de las regiones.
En la actualidad, Chihuahua se encuentra en una situación económica complicada, con problemas de financiamiento que afectan su desarrollo y bienestar social. Ante esta realidad, es necesario proponer una nueva asignación de recursos, que sea equitativa con cada entidad, y permita impulsar su crecimiento de manera sostenible.
Nuestro estado es uno de los más importantes de México, tanto por su extensión territorial como por su contribución a la economía nacional. Sin embargo, a pesar de su potencial, enfrenta serias dificultades en materia de infraestructura, educación, salud y seguridad, debido a la falta de recursos suficientes para atender estas necesidades.
Un nuevo pacto fiscal podría impulsar la participación de Chihuahua en la recaudación de impuestos a nivel nacional, lo que se traduciría en una mayor disponibilidad de recursos para invertir en proyectos de desarrollo social y económico en la entidad. Así se podría establecer un esquema de redistribución que reduzca las brechas de desigualdad entre las distintas regiones del estado.
Esto también implicaría una mayor autonomía financiera para la entidad, permitiéndole gestionar de manera más eficiente sus ingresos y egresos, sin depender, en exceso, de las decisiones del gobierno. Además, se fortalecería la gobernanza y la transparencia en la administración de los recursos públicos estatales.
Un ejemplo de los beneficios del pacto es la mejora en infraestructura carretera y transporte público, lo que facilitaría la movilidad de personas y mercancías, impulsando el comercio y el turismo. Asimismo, se podrían implementar programas de apoyo a sectores productivos como la agricultura y la industria, generando empleo y riqueza en la región.
Otro ejemplo: el fortalecimiento del sistema educativo y de salud, a través de la construcción de nuevas escuelas, hospitales y centros de investigación, así como la capacitación y profesionalización del personal docente y médico. Esto contribuiría a elevar el nivel de vida de la población y a reducir las desigualdades sociales en la entidad.
En suma, un nuevo pacto fiscal que beneficie a Chihuahua es una necesidad imperante y solo a través de un compromiso conjunto entre el gobierno estatal y federal, así como la participación activa de la sociedad civil, será posible construir un futuro más próspero y sostenible.
Lic. en Administración y Gestión de Empresas, Presidente del Consejo de Desarrollo Económico A.C.
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