¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de erradicar la corrupción y la impunidad? ¿Qué ciudadano puede oponerse a que lleguen recursos para obras sociales de su comunidad?
No tengo otro calificativo para los opositores del desarrollo: apátridas. Bueno, sí tengo otros: ignorantes, desinformados, irresponsables, cómplices y la lista puede seguir, pero con estos creo que me comprenderán.
Mi irritación alcanza a los que sistemáticamente se oponen al desarrollo de un gobernante por ser del partido opositor y para ellos no hay mejor victoria que el verlos fracasar. Por eso ahora me van a disculpar por el calificativo a esas actitudes que estorban a la sociedad: imbéciles.
Sí saben lo que hacen, pero no alcanzan a ver las consecuencias de seguir en el subdesarrollo educativo, social y demócrático. Pareciera que gozan con la inestabilidad, más bien gozan de privilegios y atrocidades como las que se han juzgado en algunos funcionarios y sus colaboradores.
Como pretexto adoptan poses de crítica al “mensajero”, es decir al cobrador, justificandose en las formas poco ortodoxas que pueda tener para la ejecución del cumplimiento del mandato que le ha sido encomendado. El socorrido juego en curso de los “sentiditos”: estoy sentido porque me cobran y no lo hacen de buenos modos.
No es únicamente al desarrollo y bienestar. Vivimos en una sociedad en la que si algo afecta a unos, también repercute al resto: a la falta de educación le sigue la pobreza, la desintegración familiar, les siguen las enfermedades físicas y mentales, las drogas, les sigue la delincuencia… hasta llegar a las secuelas de las víctimas de la violencia.
Como ciudadanos nos corresponde respaldar y apuntalar todas aquellas iniciativas que sean afines a valores fundamentales, como lo son el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
La exigencia de actuar contra la corrupción y la impunidad ha sido respaldada por diversos sectores, tema que ha cobrado relevancia a nivel nacional y que pone de manifiesto el sentir de la ciudadanía: hartazgo por los actos de corrupción e injusticia que son solapados desde el propio gobierno.
Debemos seguir apoyando este y todos los movimientos que estén encaminados a transparentar el correcto uso de los recursos públicos y a aplicar todo el peso de la ley para quien haga mal uso de ellos.
