/ lunes 1 de abril de 2024

Crisis migratoria y el INM ni sus luces

La crisis migratoria en México, con especial énfasis en la situación en Chihuahua debido a su proximidad con la frontera estadounidense, es un reflejo alarmante de la falta de una estrategia clara y cohesiva por parte del Gobierno Federal de MORENA. La administración actual, enfrentada a un desafío humanitario de magnitud creciente, ha demostrado una incomprensible falta de urgencia y compromiso en su respuesta, pues a un año del trágico incidente en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Juárez, en la capital del estado y la fronteriza ciudad la situación sigue en las mismas, con miras a agravarse.

Este abandono no solo es irresponsable sino que también subraya una desconexión fundamental con las realidades de la frontera norte, donde la violencia, el tráfico de personas y las condiciones inhumanas para los migrantes exigen una acción inmediata y sostenida. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, consciente de la gravedad de la situación, ha intentado pasar la estafeta a la Fiscalía General de la República, reconociendo que el tráfico de personas es un delito de orden federal. Sin embargo, la falta de apoyo y respuesta adecuada por parte del gobierno central ha dejado a las autoridades estatales en una posición de impotencia, enfrentándose a una ola creciente de operaciones criminales que se fortalecen ante la inacción gubernamental.

Este vacío de liderazgo y estrategia ha obligado a los gobiernos estatales y municipales a buscar soluciones por su cuenta, una medida desesperada que, si bien es loable, no puede sustituir la necesaria acción coordinada a nivel federal. La crisis migratoria no es un problema que pueda ser abordado en fragmentos; requiere de una política integral que abarque seguridad, derechos humanos, desarrollo económico y cooperación internacional.

El anuncio del gobierno de ofrecer apoyo económico para la repatriación de migrantes es un claro ejemplo de la desconexión entre las políticas propuestas y las necesidades reales de quienes atraviesan por esta crisis. La respuesta de los migrantes a esta oferta ha sido de rechazo, señalando la insuficiencia de la cantidad propuesta y evidenciando la falta de comprensión del gobierno sobre la profundidad de la desesperación y los desafíos que enfrentan los migrantes. Este tipo de medidas, lejos de solucionar el problema, lo minimizan y lo reducen a una cuestión de asistencia económica temporal, ignorando las raíces profundas del fenómeno migratorio y la urgente necesidad de soluciones estructurales y a largo plazo.

La situación en Chihuahua es un llamado a la acción urgente. El Gobierno Federal de MORENA debe reconocer que la crisis migratoria y humanitaria en la frontera norte de México es un tema crítico que exige una respuesta seria, coordinada y humanitaria. Es imperativo que el Gobierno Federal establezca una verdadera estrategia de atención a la crisis migratoria, una que involucre a todos los niveles de gobierno y que vaya más allá de soluciones temporales o paliativas. El tiempo para actuar es ahora; la dignidad y los derechos humanos de los migrantes no pueden seguir siendo ignorados.


La crisis migratoria en México, con especial énfasis en la situación en Chihuahua debido a su proximidad con la frontera estadounidense, es un reflejo alarmante de la falta de una estrategia clara y cohesiva por parte del Gobierno Federal de MORENA. La administración actual, enfrentada a un desafío humanitario de magnitud creciente, ha demostrado una incomprensible falta de urgencia y compromiso en su respuesta, pues a un año del trágico incidente en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Juárez, en la capital del estado y la fronteriza ciudad la situación sigue en las mismas, con miras a agravarse.

Este abandono no solo es irresponsable sino que también subraya una desconexión fundamental con las realidades de la frontera norte, donde la violencia, el tráfico de personas y las condiciones inhumanas para los migrantes exigen una acción inmediata y sostenida. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, consciente de la gravedad de la situación, ha intentado pasar la estafeta a la Fiscalía General de la República, reconociendo que el tráfico de personas es un delito de orden federal. Sin embargo, la falta de apoyo y respuesta adecuada por parte del gobierno central ha dejado a las autoridades estatales en una posición de impotencia, enfrentándose a una ola creciente de operaciones criminales que se fortalecen ante la inacción gubernamental.

Este vacío de liderazgo y estrategia ha obligado a los gobiernos estatales y municipales a buscar soluciones por su cuenta, una medida desesperada que, si bien es loable, no puede sustituir la necesaria acción coordinada a nivel federal. La crisis migratoria no es un problema que pueda ser abordado en fragmentos; requiere de una política integral que abarque seguridad, derechos humanos, desarrollo económico y cooperación internacional.

El anuncio del gobierno de ofrecer apoyo económico para la repatriación de migrantes es un claro ejemplo de la desconexión entre las políticas propuestas y las necesidades reales de quienes atraviesan por esta crisis. La respuesta de los migrantes a esta oferta ha sido de rechazo, señalando la insuficiencia de la cantidad propuesta y evidenciando la falta de comprensión del gobierno sobre la profundidad de la desesperación y los desafíos que enfrentan los migrantes. Este tipo de medidas, lejos de solucionar el problema, lo minimizan y lo reducen a una cuestión de asistencia económica temporal, ignorando las raíces profundas del fenómeno migratorio y la urgente necesidad de soluciones estructurales y a largo plazo.

La situación en Chihuahua es un llamado a la acción urgente. El Gobierno Federal de MORENA debe reconocer que la crisis migratoria y humanitaria en la frontera norte de México es un tema crítico que exige una respuesta seria, coordinada y humanitaria. Es imperativo que el Gobierno Federal establezca una verdadera estrategia de atención a la crisis migratoria, una que involucre a todos los niveles de gobierno y que vaya más allá de soluciones temporales o paliativas. El tiempo para actuar es ahora; la dignidad y los derechos humanos de los migrantes no pueden seguir siendo ignorados.