Hace justo un año, el 22 de abril de 2018, el entonces candidato a la Presidencia de la República por Morena acuñó, con todas sus letras, una frase lapidaria: “Al margen de la ley nada, por encima de ella nadie”; se oía bien.
Conste que ni entonces ni ahora he creído en un discurso chambón —porque hay que ser idiota para creer en las palabras de alguien que, otra vez como entonces y como ahora, vive rodeado de una cáfila de trúhanes cuya labor primordial, para mantenerse en el cargo, es empalagar la oreja al vejete y hacerse eco de todas sus asnadas—; empero, repito, la expresión sonaba guapachosa, rumbera, contundente; con un retintín que endulzaba el oído de los mexicanos, hartos de los excesos de un presidente cuyo desempeño, desde antes de serlo, dejaba ver sus brutales limitaciones, por no decir su estupidez extrema (estoy convencido de que los mismos infames crédulos que creen en los desplantes mesiánicos del López Obrador son quienes votaron a Peña Nieto por guapo y se tragaron, todita, la historia de amor entre él y la Gaviotaaaaaaa).
Un año después, vibrando todavía en nuestras aurículas el eco de ese magnífico apotegma, constatamos con pena que la frase fulgurante se quedó sólo en eso: en palabrería fatua, rimbombante, hueca, vana; con un marco constitucional y legal diáfano como el agua y rotundo como el acero, López Obrador se traga, deglute y evacua su sonoro discurso de hace apenas un año y se limpia los restos de su impudicia con un memorándum que pretende dejar sin efectos el entramado jurídico que vertebra —o debe vertebrar— la educación en México.
Con una simpleza que pasma y un cinismo que escandaliza, no sólo voluntariamente se sitúa al margen de la ley, sino que se encarama por encima de la propia constitución; en ese punto, cobra vida una escena de la película “La Ley de Herodes”; en efecto, en un giro sorprendente de la ficción vuelta realidad, López Obrador se transfigura en ese Varguitas díscolo y marrullero quien, a su antojo, por sus tompiates, hace y deshace con la carta magna.
En la escena de marras, un político apellidado —hágame usted el refavrón cabor— “López” (Pedro Armendáriz Jr.), le pregunta a Juan Vargas (Damián Alcázar), presidente municipal de San Pedro de los Saguaros: “¿De veras cambiaste la constitución, cabrón? Me cae que eres un chingón”; y empieza a leer: “Y si la voluntad popular lo demanda, el periodo gubernamental del alcalde podrá prolongarse hasta por 20 años con posibilidad de reelección hasta por un máximo de cuatro veces”.
López Obrador no requirió de artificios; le bastó con un memorándum para dar marcha atrás a la Reforma Educativa y erigirse como constituyente y supremo legislador, con el beneplácito de un gabinete que, por vil, agachón y pusilánime, asquea: “Ayer el mandatario firmó un memorándum en el que ordena a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y Educación Pública, no aplicar las leyes de la Reforma Educativa aprobada en 2013”.
La legalidad de la medida lo resumo en el breve planteamiento de José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro: “Carece de motivación y fundamentación. No se cita una sola norma jurídica. Fácilmente impugnable jurídicamente”.
No nos engañemos ni nos llamemos al error, así empiezan las dictaduras, con arrebatos y dislates originados en un poder absoluto. La pregunta, la única posible, es si lo vamos a consentir.
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