/ miércoles 17 de marzo de 2021

En estas elecciones sabremos de qué estamos hechos y habremos de pagar las consecuencias

El próximo 6 de junio se decidirán muchas cosas que nos afectarán de manera directa a todos los mexicanos. Se decidirá si los mexicanos le damos más poder a López Obrador o si se logra construir una fuerza opositora para contrarrestar la concentración de poder en una sola visión de país. Sobre todo, de quitar la súper mayoría en la Cámara de Diputados para construir un contrapeso que posibilite el funcionamiento democrático de los tres poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno y de los órganos constitucionalmente autónomos.

La aprobación de iniciativas del presidente, sin que se les mueva ni una coma y la carta que el presidente López Obrador envió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia,

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para solicitarle que el Consejo de la Judicatura investigue la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, por haber aprobado la suspensión provisional de la entrada en vigor de su Ley de la Industria Eléctrica que favorecía a la CFE y afectaba a las empresas privadas nacionales y extranjeras que generan electricidad más limpia y más barata encendió las luces de alarma.

En la carta dirigida al presidente de la Corte, López Obrador esgrimió sin rubor: “No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos; en especial, de los más pobres”. Insinuando de esta manera que toda resolución contraria a la reforma eléctrica pudiera obedecer a estos oscuros intereses. Alarmó la reacción presidencial cuando un poder autónomo actuó en contra de sus proyectos y visión.

El presidente se muestra desesperado y haciendo todo, incluso perdiendo las formas, para imponer su proyecto de nación. Pero muchos de quienes en 2018 le otorgaron su voto hoy están más que preocupados por el rumbo que está tomando su gestión. Existe una fuerte posibilidad de que se consolide un voto de arrepentimiento o de castigo.

En estas elecciones sabremos si somos capaces de construir contrapesos democráticos frente al presidencialismo autoritario.

Un presidente que tolera la candidatura de Félix Salgado a cambio de que le gane los diputados federales que necesita.

El movimiento feminista le ha exigido al presidente que “rompa el pacto”, pero esta demanda no fue atendida.

Habrá que ver si la ciudadanía logra construir una fuerza opositora capaz de impedir que triunfen los candidatos acusados de violencia de género, los candidatos acusados de nexos con el narco o los candidatos acusados de actos de corrupción, de cualquier partido político. Los partidos no lo impidieron y los dejaron de candidatos por su amplia popularidad.

El 6 de junio sabremos si somos capaces de construir una mayoría que impida que estas candidaturas prosperen, o si eludimos ese compromiso de construir un país sin impunidad, que castigue a los violentos, a los corruptos y a los delincuentes.

El próximo 6 de junio se decidirán muchas cosas que nos afectarán de manera directa a todos los mexicanos. Se decidirá si los mexicanos le damos más poder a López Obrador o si se logra construir una fuerza opositora para contrarrestar la concentración de poder en una sola visión de país. Sobre todo, de quitar la súper mayoría en la Cámara de Diputados para construir un contrapeso que posibilite el funcionamiento democrático de los tres poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno y de los órganos constitucionalmente autónomos.

La aprobación de iniciativas del presidente, sin que se les mueva ni una coma y la carta que el presidente López Obrador envió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia,

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para solicitarle que el Consejo de la Judicatura investigue la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, por haber aprobado la suspensión provisional de la entrada en vigor de su Ley de la Industria Eléctrica que favorecía a la CFE y afectaba a las empresas privadas nacionales y extranjeras que generan electricidad más limpia y más barata encendió las luces de alarma.

En la carta dirigida al presidente de la Corte, López Obrador esgrimió sin rubor: “No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos; en especial, de los más pobres”. Insinuando de esta manera que toda resolución contraria a la reforma eléctrica pudiera obedecer a estos oscuros intereses. Alarmó la reacción presidencial cuando un poder autónomo actuó en contra de sus proyectos y visión.

El presidente se muestra desesperado y haciendo todo, incluso perdiendo las formas, para imponer su proyecto de nación. Pero muchos de quienes en 2018 le otorgaron su voto hoy están más que preocupados por el rumbo que está tomando su gestión. Existe una fuerte posibilidad de que se consolide un voto de arrepentimiento o de castigo.

En estas elecciones sabremos si somos capaces de construir contrapesos democráticos frente al presidencialismo autoritario.

Un presidente que tolera la candidatura de Félix Salgado a cambio de que le gane los diputados federales que necesita.

El movimiento feminista le ha exigido al presidente que “rompa el pacto”, pero esta demanda no fue atendida.

Habrá que ver si la ciudadanía logra construir una fuerza opositora capaz de impedir que triunfen los candidatos acusados de violencia de género, los candidatos acusados de nexos con el narco o los candidatos acusados de actos de corrupción, de cualquier partido político. Los partidos no lo impidieron y los dejaron de candidatos por su amplia popularidad.

El 6 de junio sabremos si somos capaces de construir una mayoría que impida que estas candidaturas prosperen, o si eludimos ese compromiso de construir un país sin impunidad, que castigue a los violentos, a los corruptos y a los delincuentes.