Desde hace casi dos años, Andrés Manuel López Obrador ha utilizado con mucha frecuencia una máxima del ilustre jurista mexicano José María Iglesias, para describir lo que -según él- sucedería durante su administración.
“Se hará valer el estado de Derecho” –decía muy solemne López Obrador–. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” –complementaba con el apotegma de Iglesias–.
Sin duda alguna, la suma de esas expresiones de López y de Iglesias y, además, el juramento que el ahora presidente de México hizo ante el Congreso de la Unión, sonaba muy bonito. El problema es que como ya lo dice el viejo y conocido refrán: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”.
Hay mucho trecho porque, para “hacer valer el estado de Derecho”, el presidente López Obrador (con el apoyo de sus súbditos legisladores) ha reformado, a su conveniencia y utilidad, el marco jurídico de distintas materias. Dicho en otras palabras, ha modificado el marco legal, normativo y regulatorio para que su gobierno no caiga en lo ilícito.
Como esa maniobra no ha funcionado (todavía) para “tirar” la Reforma Educativa del 2013, ahora el presidente optó por enviar un memorándum a tres de sus secretarios de Estado, instándolos a “dejar sin efecto las medidas que contempla la ‘mal llamada’ Reforma Educativa”; o sea, instruyéndolos a incumplir lo consagrado en carta magna y las leyes que, en materia de educación, emanan de ella.
Como era de esperarse, no fueron pocas las personas y sectores (hasta de Morena) los que le reprocharon al presidente López su absurda idea de tratar de suspender la Reforma Educativa mediante un simple documento. Como también era de esperarse, el presidente los calificó de detractores y -cínicamente- los invitó a llevar el caso ante los tribunales. Sobre el envío y los “propósitos internos” del memorándum, dijo que se trata un asunto de justicia, y la justicia está por encima de la ley.
El caso es que para la adecuación o cancelación de la Reforma Educativa, debe hacerse valer el estado de Derecho, y no desafiarlo, debilitarlo o quebrantarlo, como lo ha venido haciendo el presidente desde que asumió el cargo.
Finalizo en esta ocasión, citando lo dicho alguna vez por el ex juez estadounidense, Harold H. Greene: “La aplicación de la ley no puede depender de la justicia de una causa o de la conciencia de un hombre”.
