Cesar M. Fernández
A lo largo de la historia, la persecución política ah sido la práctica más efectiva de los gobiernos autoritarios para restringir el acceso a la información. El presidente López Obrador ha emprendido una campaña abierta en contra de toda institución que suponga un contrapeso para su gobierno, entre ellas destaca el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al cual el presidente ha apostado por debilitarlo al punto de dejarlo inoperable.
Aun que toda persona tiene derecho a el acceso a la información y este derecho incluye el poder difundir nuestra opinión por cualquier medio de información. El derecho al acceso a la información se arraigó tardíamente en México, comenzó a abrirse hace poco más de 200 años con la Constitución de Cádiz y el espíritu liberal de los constituyentes de 1800. Ambos animaron el nacimiento de los primeros diarios independientes. A partir de entonces, la tensión entre los medios y el poder se escribió en una larga historia con momentos de plena libertad y muchos otros como este en los que se ve a la prensa como un verdadero enemigo. Hoy en día, la tensión entre los medios y el poder persiste en una batalla constante de la libertad contra la censura por parte del gobierno federal.
El acceso a la información es el más elemental de nuestros derechos ya que de el parten muchas otras libertades, la libertad democrática, la libertad religiosa y la libertad de informarse. Todo este proceso tienen como origen la libertad de sostener una propia opinión.
Gracias a miles de solicitudes de información realizadas por diversos periodistas a través del Sistema Nacional de Transparencia y el acceso a la información tenemos como ciudadanía que han salido a la luz casos de corrupción como el de la alcaldesa municipal de Nuevo Casas Grandes y hablando de casas grandes el famoso caso de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014. Sin embargo, desde 2018, el INAI presenta una amenaza para el presidente quizá por que el INAI obligó a la Fiscalía General de la República a revelar cuántas investigaciones tiene abiertas por los casos de corrupción en la dependencia, que ascienden a más de 15,000 millones de pesos. Incluso creó un micrositio donde la población puede consultar todo sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción de la 4T. También el INAI ordenó a la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, dar acceso público a las 6 carpetas de investigación abiertas contra el hermano del presidente, Guillermo López Obrador, durante la investigación por recibir dinero en efectivo para Morena.
En febrero de 2022, el INAI rechazó la solicitud de AMLO de investigar a Carlos Loret de Mola. Y en agosto de ese mismo año, la Oficina de Protección de Datos de la dependencia encontró elementos para sancionar al presidente por exhibir un documento fiscal que vulneró la privacidad del periodista.
