La situación del país es más delicada de lo que parece. Se equivoca quien imagine que el control político en nuestra nación estará en manos de quien obtuvo la mayoría de votos en las urnas, y que bastará esperar a que pase el tiempo para que todos los ciudadanos nos demos cuenta hacia dónde irá nuestra economía, nuestra seguridad y nuestro desarrollo social.
Andrés Manuel, con sus más de 30 millones de votos efectivos, no será, ni tantito, el presidente más fuerte de la historia de México, sino que en una sociedad corroída por la corrupción, la delincuencia, el fanatismo político (que no sólo se manifiesta hacia los partidos políticos), la pobreza y el intervencionismo de otras naciones (primordialmente Estados Unidos), en muy breve plazo de tiempo lo convertirán en el Ejecutivo federal más débil, incluso más que el recién salido.
Para empezar, la enorme necesidad de sumar votos impregnados de inconformidad y desencanto social hacia los tradicionales políticos, lo hizo elevar las expectativas de la sociedad demasiado alto, generando esperanzas que difícilmente se podrán concretar inmediatamente, ni siquiera a mediano plazo.
El descenso del precio de las gasolinas, el abatimiento de la criminalidad y la violencia, el mejoramiento económico de las familias trabajadoras y el abatimiento de la pobreza, serán sólo espejitos que finalmente reflejarán un enorme engaño electoral que la única salida que tendrá para evadir el reclamo popular, será la vía del autoritarismo.
Mucho más si estos focos de inconformidades brotan en forma de insurrección y protesta callejera. Si la sociedad y sus diversas formas de organización (incluso las que le otorgan gobierno; gobiernos estatales y municipales, por ejemplo) no se suman a los esfuerzos presidenciales, la crisis política muy pronto estallará y la represión se hará presente.
No se trata de ser agorero social, sino simple y sencillamente colocar en la mesa de discusión la posibilidad de que nuestra lucha social, nuestra buena intención de defender la democracia, los derechos y prerrogativas que ya tenemos, nos puede llevar a asfixiar las pocas libertades que ya tenemos y esto puede orillar a quien tiene el poder a recurrir a la represión y el control social por la fuerza de la imposición.
Hacen mucha falta expertos negociadores de lo político y lo social. Reiniciar los procesos de lobbying y negociación, para que las mayorías no se impongan por el ímpetu de la enajenación, sino sustentados en la lógica de la ley y la justicia, procuren para nuestro país lo que debe de ser mejor.
Un ejemplo de esto: ¿Qué sentido puede tener que el presidente de México sea el servidor público con un salario mayor, respecto al resto de los demás servidores públicos? ¿Exaltar su figura de mandatario nacional? ¿Imponer al Ejecutivo federal por encima del resto de los demás poderes? ¿Darle una malsana satisfacción personal a su titular de ser el servidor público mejor pagado? Estoy seguro que la mayoría de incondicionales de Andrés Manuel López Obrador que desde el Congreso de la Unión buscan imponer esa absurda medida en nuestra carta magna, no tienen una explicación positivamente razonable. La medida no resguarda un auténtico espíritu de legislador, sino la simplona manifestación de una gigantesca soberbia y capricho.
Nuevos vientos de buena fe tendremos que esperar para que ocurra esa anunciada transformación.
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