/ martes 12 de octubre de 2021

Hacia una cultura de paz | El regreso a clases y sus conflictos

La pandemia modificó nuestro estilo de vida en cuanto a dinámicas en el sector educativo para acceder a sus servicios. Repentinamente, la principal herramienta de trabajo fueron dispositivos electrónicos como celulares, tabletas y computadoras, y claro, el internet. Tanto alumnos como maestros tuvieron que adaptarse a la dinámica para no quedarse tan rezagados en las clases y tareas administrativas. El principal reto fue construir un escenario loable, para que las instituciones que no estaban preparadas para una modalidad a distancia mantuvieran su operatividad desde casa.

Algunas escuelas, principalmente privadas, ya implementaban este estilo digital, incluso con tendencia a fomentar el uso de celulares no sólo para la “recreación”, sino para registrar tareas y acceder a la información. Para el alumnado y profesorado de estos lugares es incuestionable, hasta esperable, que cuenten con estas herramientas; para otros, su acceso es limitado o de imposible realización, principalmente porque su capacidad económica no se los permite.

Con ello se evidenció la desigualdad social, que permitió que unos tuvieran mejor calidad educativa que otros durante la pandemia. Ahora, después de más de un año de clases a distancia, y a pesar de la renuencia de bastantes padres de familia y el mismo profesorado, el 30 de agosto inició el ciclo escolar presencial en educación básica. El problema ahora es que, las desigualdades no se interrumpieron. En algunas escuelas, aun con la modalidad presencial, se sigue exigiendo a los maestros que utilicen computadoras y celulares para cumplir con el trabajo, siendo que antes de la pandemia lo entregaban de manera física. Está bien implementar medidas para agilizar el trabajo y hacerlo práctico, pero si la jefa desde el privilegio no proporciona los materiales porque cree que es obligación de toda persona contar con esos recursos, entonces creará un conflicto incluso violaciones a la ley.

son imposible realización, porque no se es empático con la situación que se vive. Dar por hecho de que todos y todas cuentan con un celular e internet es una falsedad. Asumir que un profesor gana lo suficiente para invertir en estas herramientas es mentira también, aunado, un empleado no debe invertir de su salario para cumplir las exigencias del patrón.

La Ley Federal del Trabajo es clara en cuanto a las obligaciones del patrón “proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, debiendo ser de buena calidad, en buen estado y reponerlos si dejan de ser eficientes”. El regreso a clases ha venido aparejado de nuevos conflictos. Desde el privilegio se pueden exigir reglas que una persona de escasos recursos no podrá sufragar. Es menester para resolverlos de manera pacífica a través del diálogo y una buena comunicación. Es un reto para todos y todas regresar a las aulas, no sólo por el riesgo a la afectación a la salud, sino para descifrar cuál será la nueva modalidad de trabajo que debe implementarse de acuerdo con las necesidades de todos los interesados, para que sea equitativo, empático y de buena voluntad.


La pandemia modificó nuestro estilo de vida en cuanto a dinámicas en el sector educativo para acceder a sus servicios. Repentinamente, la principal herramienta de trabajo fueron dispositivos electrónicos como celulares, tabletas y computadoras, y claro, el internet. Tanto alumnos como maestros tuvieron que adaptarse a la dinámica para no quedarse tan rezagados en las clases y tareas administrativas. El principal reto fue construir un escenario loable, para que las instituciones que no estaban preparadas para una modalidad a distancia mantuvieran su operatividad desde casa.

Algunas escuelas, principalmente privadas, ya implementaban este estilo digital, incluso con tendencia a fomentar el uso de celulares no sólo para la “recreación”, sino para registrar tareas y acceder a la información. Para el alumnado y profesorado de estos lugares es incuestionable, hasta esperable, que cuenten con estas herramientas; para otros, su acceso es limitado o de imposible realización, principalmente porque su capacidad económica no se los permite.

Con ello se evidenció la desigualdad social, que permitió que unos tuvieran mejor calidad educativa que otros durante la pandemia. Ahora, después de más de un año de clases a distancia, y a pesar de la renuencia de bastantes padres de familia y el mismo profesorado, el 30 de agosto inició el ciclo escolar presencial en educación básica. El problema ahora es que, las desigualdades no se interrumpieron. En algunas escuelas, aun con la modalidad presencial, se sigue exigiendo a los maestros que utilicen computadoras y celulares para cumplir con el trabajo, siendo que antes de la pandemia lo entregaban de manera física. Está bien implementar medidas para agilizar el trabajo y hacerlo práctico, pero si la jefa desde el privilegio no proporciona los materiales porque cree que es obligación de toda persona contar con esos recursos, entonces creará un conflicto incluso violaciones a la ley.

son imposible realización, porque no se es empático con la situación que se vive. Dar por hecho de que todos y todas cuentan con un celular e internet es una falsedad. Asumir que un profesor gana lo suficiente para invertir en estas herramientas es mentira también, aunado, un empleado no debe invertir de su salario para cumplir las exigencias del patrón.

La Ley Federal del Trabajo es clara en cuanto a las obligaciones del patrón “proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, debiendo ser de buena calidad, en buen estado y reponerlos si dejan de ser eficientes”. El regreso a clases ha venido aparejado de nuevos conflictos. Desde el privilegio se pueden exigir reglas que una persona de escasos recursos no podrá sufragar. Es menester para resolverlos de manera pacífica a través del diálogo y una buena comunicación. Es un reto para todos y todas regresar a las aulas, no sólo por el riesgo a la afectación a la salud, sino para descifrar cuál será la nueva modalidad de trabajo que debe implementarse de acuerdo con las necesidades de todos los interesados, para que sea equitativo, empático y de buena voluntad.