No tengo otra palabra para describir los sucesos que han tenido lugar en Chihuahua, que afectan directamente a las personas y que son responsabilidad de la gobernadora. La salud y el transporte público, dos servicios que cuando están fuera de control, perjudican a la población, más allá de estar a favor o en contra del gobierno federal o del gobierno estatal, porque al final, se trata de servicios que el Estado está obligado a garantizar y eso no está sucediendo, de ahí la incompetencia.
¿Cómo explicarle a una persona que acude a un hospital a recibir atención médica que no hay personal suficiente para poder atenderlo dado que el gobierno estatal “decidió” no incorporarse al proceso del IMSS-Bienestar, quedándose sin recursos federales para la contratación de este personal? Pues no hay manera, la verdad, a la gente lo que le interesa es que los demás estados, los que sí se incorporaron, cuentan con servicios de consultas, estudios clínicos y cirugías gratuitos.
La salud debe estar plenamente garantizada por el Estado, es parte del contrato social que la ciudadanía establece con las autoridades, con todo lo que representa un Estado, por lo que debería ser una prioridad, pero esto no lo ha tomado así el gobierno estatal de Chihuahua. La decisión de no incorporarse al IMSS-Bienestar trajo consigo el despido de 140 trabajadores y trabajadoras de la salud, sin prever ningún tipo de ruta que permitiera su permanencia y consecuente atención a pacientes.
Ante esta situación, autoridades federales anunciaron que ofrecerán contrato por tres meses más a los trabajadores de los Hospitales Estatales de los estados que no se incorporaron al proceso del IMSS-Bienestar, y así los estados puedan presentar un plan de basificación, mientras en el resto de los 23 estados se ha logrado basificar un total de 25 mil 492 trabajadores de la salud y para 2024 se tiene la meta de eliminar cualquier contratación eventual, basificando a un total de 71 mil 944 trabajadores. Acá las consecuencias de una decisión “fundada” en los jaloneos electorales y no en el bienestar de las y los chihuahuenses.
En lo que respecta al transporte público, se cumple un año del “tarifazo”, acuerdo entre transportistas y el gobierno estatal que supuestamente, a cambio de subir la tarifa de 9 a 12 pesos, los transportistas se comprometían a que las unidades cumplirían con todas las obligaciones que estableció la Ley de Transporte. El año pasó pero no hubo ninguna mejora, las unidades siguen siendo completamente deficientes, vaya, el acuerdo con la gobernadora se lo pasaron por el arco del triunfo y no ha habido medidas que corrijan este supuesto acuerdo.
Después de ese aumento del 50 por ciento, pasaron los 90 días dentro de los cuales los empresarios se comprometían a renovar las unidades, cosa que a un año, sigue sin suceder. La voluntad por parte de los concesionarios ha sido demasiado laxa, pues tan solo con dos meses del alza a la tarifa, se cobró más de 174 millones de pesos, y solamente existía un trámite de crédito para la compra de 186 camiones de los 512 que necesitan ser renovados.
¿Por qué el gobierno del estado no atiende este tema? ¿Habrá que informarle a la titular del Ejecutivo estatal que ella no estará en ninguna boleta y que debería atender sus responsabilidades en lugar de hacerle el caldo gordo a una candidata que va en picada? Urge la atención del gobierno de Chihuahua en estos dos asuntos, urge sentido común que deje a un lado los jaloneos electoreros, y urge principalmente, trabajar para las y los chihuahuenses.
