Con una inflación anualizada un poco mayor al 7 por ciento, los efectos perniciosos sobre la economía en su conjunto y en la población menos favorecida, se socavan los ingresos familiares, las finanzas públicas y, consecuentemente, retraen la reactivación económica. Podríamos decir, que la inflación se manifiesta por un aumento generalizado de los precios, en un país, en un período determinado, en ese sentido, el Inegi informó que en la primera quincena de noviembre de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.69 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior; con este resultado la inflación anual se ubicó en 7.05 por ciento. En el mismo periodo de 2020 las variaciones correspondientes fueron de 0.04 por ciento quincenal y de 3.43 por ciento anual. Las entidades federativas y ciudades con la mayor variación de precios en la primera quincena de noviembre de 2021 son Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Chihuahua.
El Banco de México ha señalado que en lo que va del año, la inflación ha resentido las disrupciones en las cadenas de producción, los incrementos generalizados en los precios de las materias primas y alimentos, así como el cambio en los patrones de consumo, para contrarrestar esa situación transitoria, elevó la tasa de interés a 5%, el cuarto aumento consecutivo de 25 puntos base, que se había mantenido hasta junio en 4%. Habría que señalar que este proceso inflacionario no es privativo de México, sino que esta situación también prevalece en Estados Unidos, Europa y en otros países, incluso algunos con un nivel mayor que en nuestro país.
Una muestra del impacto inflacionario, en lo que respecta a las finanzas públicas, la administración pública estatal ejercerá para 2022 un presupuesto aproximado de 81 mil 356 millones de pesos, mientras que en el actual 2021, ascendió a $74,225,370,049; es decir, se incrementa en 9.6 por ciento. Pero, en términos reales, descontando la inflación, se ubica en un 2.5 por ciento. En la Ley de Ingresos estatal de este año 2021, se asienta que el monto de participaciones federales asciende a 25,924.5 millones de pesos y se anunció que para el 2022 habrá un aumento en 4,240 millones de pesos, aproximadamente, un 16.3%, menos el efecto inflacionario, un 9.3 por ciento mayor.
Pero los que realmente resienten la inflación son las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, pero también las de la clase media, ya que mermará el acceso a la canasta básica alimentaria y a otras necesidades sustanciales. Aunado a todo esto, se aproxima una cascada de gastos, que afectará de manera mayúscula: Incremento en el Impuesto Predial, conforme a la inflación, incremento de los derechos vehiculares y de las casetas de peaje, incremento en los servicios públicos básicos. Como corolario, al margen del proceso inflacionario, una “decisión regresiva” en la aplicación de los derechos de alumbrado público, DAP, implicará cobros iguales a usuarios, sin distinción si son empresas, personas adultas mayores, habitantes residentes en zonas de alto valor inmobiliarios o habitantes de colonias marginadas, con alumbrado público precario.
@PR_Avila
Economista y Profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACh
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