Por M. Patricia Oros Ramos
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua
Es indiscutible que la participación ciudadana en México ha cobrado gran relevancia e importancia en las últimas décadas. Prueba de ello es la creación por el Estado de una estructura normativa que la garantiza y promueve, así como instituciones públicas creadas para impulsarla y protegerla.
Tanto la participación ciudadana como la social resultan pieza fundamental en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas en una nación. No obstante, pese a los avances en el marco legal e institucional, no se ha conseguido un cambio cualitativo de la participación que resulte en el fortalecimiento de la relación entre gobierno y ciudadanos.
Empecemos por definir lo que es la participación. Una de las definiciones más aceptadas en la comunidad internacional de participación es la siguiente: “La participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive” (Roger Hart, 1993).
Ahora bien, existen diversos tipos de participación. Hablaré de la ciudadana y la social.
La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009). Por otra parte, la participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Villarreal, (2010: 32)
Debemos entonces entender que la participación ciudadana implica que la sociedad posee una injerencia directa con el Estado y se involucra en la administración pública. Los mecanismos de democracia directa (iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas), la revocación de mandato, pero también la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas, son formas de participación ciudadana.
La participación ciudadana y social juegan un papel relevante en la denominada nueva gestión pública y en la gobernanza, ya que en ambas perspectivas, señalan la importancia de recuperar la participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, aunque la forma en cómo cada una lo aborda tiene diferencias sustantivas, tanto en la prioridad de objetivos, como en los mecanismos usados. En la nueva gestión pública la participación abarca un espacio más amplio ya que los ciudadanos emprenden iniciativas para determinadas causas y el de la gobernanza sugiere su participación a través de sus derechos políticos. Sin embargo, en ambos casos el papel de la ciudadanía se considera vital, aunque por condiciones y razones diferentes.
Pese a los mecanismos legales creados para el ejercicio de la participación, como en las propuestas gubernamentales, existen grandes retos para su consolidación. Es indispensable abrir espacios para que ésta se de y abrir paso a un cambio en la forma de gobernar que no sólo permita sino impulse y promueva un mayor involucramiento del ciudadano en la definición y puesta en marcha de las políticas públicas en los distintos espacios de gobierno. Se debe consolidar un marco institucional que garantice los derechos, se definan y socialicen los mecanismos y se fortalezcan las capacidades de respuesta a las demandas ciudadanas para permitir una activa incorporación de actores sociales en los procesos de toma de decisiones y asignación de recursos.
Debo destacar que esto no basta y no es tarea sencilla, también se exige un gran esfuerzo desde la ciudadanía. Es indispensable asumir una actitud proactiva con conciencia social sobre los problemas comunes, estar informados, pero más importante que se acepte el compromiso de inmiscuirse en la aportación de soluciones. Es necesario un cambio cualitativo en nuestra concepción de la acción social: “participación entendida no como un simple instrumento de encuentro entre participantes sino como un auténtico proceso de diálogo que genera aportaciones capaces de mejorar las decisiones públicas” (Brugué, 2018: 158 y 159).
Como podemos ver, la participación es un fenómeno complejo porque implica juegos de poder y adquiere diversas particularidades dependiendo de elementos que van, desde el modelo de gobierno y sus capacidades, hasta las características de los actores, pero resulta vital para la construcción de una mejor sociedad.
“El valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen.”
