Carmen Lucila Álvarez González
Integrante del Comité de Participación Ciudadana
carmen@comiteanticorrupcion.mx
Si viviéramos en una sociedad perfecta, no necesitaríamos cárceles, policías o candados en nuestras casas por miedo a que alguien nos agreda. Las personas seríamos respetuosas de las cosas ajenas, actuaríamos pensando en el bien común, asumiríamos las consecuencias de nuestros errores y nos avergonzaríamos de haber afectado por accidente a otras personas; por su parte, los servidores públicos harían bien su trabajo, no necesitarían que nadie los vigilara porque la honestidad es parte de su formación y por consecuencia, todos viviríamos en ciudades seguras, sustentables, limpias y sin corrupción.
Pero no vivimos en una sociedad perfecta, ni tenemos un gobierno perfecto. Nuestra imperfección se refleja en parte, en la corrupción que aceptamos como parte de nuestra vida diaria así como en los altos niveles de impunidad que vivimos.
La impunidad, es un concepto socialmente devastador porque refleja la incapacidad de un gobierno para castigar a las personas corruptas; fortalece los niveles de inseguridad, fomenta el descaro ó la inacción de servidores públicos ante los abusos; es restregarnos en la cara una y otra vez que los malos ganan y los buenos se aguantan, porque a final de cuentas “no pasa nada”.
Es por eso, que debemos aplaudir y dar seguimiento a las acciones que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, en prácticamente un año, ha llevado a proceso judicial a varios servidores públicos, entre los que destacan: tres ex secretarios del gobierno estatal, un ex Auditor Superior del Estado, ex alcaldes municipales e incluso la detención de una alcaldesa en “funciones”.
Debe interesarnos este tipo de acciones, porque se manda el mensaje de que “sí es posible” castigar a aquellos malos servidores públicos que piensan que pueden robar, vender terrenos municipales a su antojo, beneficiar a sus amigos con recursos públicos y afectar a las personas en el proceso, porque confían en que “no pasa nada”.
Es innegable que falta mucho por hacer para disminuir los niveles de corrupción en Chihuahua, y que ésta, no disminuirá si no se coordinan las acciones preventivas con las de impartición de justicia que es una de las responsabilidades del Sistema Estatal Anticorrupción; pero tampoco lo hará si las personas dejamos de: interesarnos en mejorar la sociedad imperfecta en la que vivimos, indignarnos ante los abusos, dar seguimiento a las acciones como las realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, poner estos temas en el centro de la opinión pública.
Involucrémonos, observemos, y exijamos que no se maneje la justicia como moneda de cambio en tiempo electoral, que el castigo llegue a quien lo merece y que se repare el daño causado. Difundamos el mensaje: “sí puede pasar”.
