Por Patricia Oros
La rendición de cuentas es un medio que permite la inspección, supervisión, vigilancia y evaluación del ejercicio del poder. Estas actividades se vuelven primordiales en una sociedad moderna que busca certidumbre y balance en su desarrollo. La rendición de cuentas pretende instaurar pesos y contrapesos para evitar que el Estado sea el único protagonista en las decisiones y acciones.
El control del poder resulta indispensable para los gobiernos, y éste no solamente se refiere a la división de poderes, sino a la incorporación de mecanismos de vigilancia cuyo objeto sea prevenir que se incurra en ilegalidades, por ende corrupción. El control del poder implica pues contar con procesos, reglas y mecanismos que tiendan a regular su operación, que el cumplimiento de la norma sea evidente y palpable, que los gobernantes sean responsable ante la sociedad que gobiernan.
Se puede decir que la rendición de cuentas es un tema de reciente estudio en nuestro país si lo analizamos desde una perspectiva de las ciencias políticas, sin embargo desde un enfoque histórico, la necesidad de supervisar y delimitar el poder ha sido una cuestión que se planteó desde el Congreso Constituyente de 1824. Nuestra primera Constitución marcaba una forma de gobierno con separación de poderes, gobiernos locales dotados de soberanía y una Federación a la cual se adherían, dando pie a un sistema primitivo de rendición de cuentas y fiscalización del Ejecutivo. ¿Por qué primitivo? En éste no se contemplaban los derechos de los ciudadanos como contrapeso al no considerar la imposibilidad de que los poderes públicos intervinieran en la vida de las personas.
En cambio, en la Constitución de 1857 se establecieron, por primera vez, libertades y derechos ciudadanos para asegurar su defensa frente al poder del Estado, la libertad de prensa, de tránsito y de propiedad, definiendo, a su vez, las obligaciones políticas de la ciudadanía. Los principios que hoy conocemos como rendición de cuentas fueron incorporados en nuestro país en la carta magna desde esa época.
Fue hacia finales del siglo que los gobernantes reconocieron la gravedad de la corrupción y la impunidad que se vivía en el país, cobrando importancia el tema de rendición de cuentas, aunado a los nuevos equilibrios que se gestaron desde 1997, la alternancia del poder en el año 2000 y la necesidad de que el desempeño de las entidades estatales tuvieran mejores sistemas de control en los cuales se incorporara la evaluación y fiscalización desde la esfera del Poder Legislativo. Se buscó que el ejercicio del poder fuese más público, que los ciudadanos “controlaran” mejor al poder y que el Estado tuviera como base a órganos de fiscalización que pudieran controlar de manera transversal a los diversos entes que lo integran.
En la actualidad, por lo menos en el papel, la rendición de cuentas es un término que se incorpora en todo los discursos políticos y programas gubernamentales. Se maneja como una prioridad de los gobernantes. Cuando el poder del Estado responde a reglas que al cumplirse con eficacia contribuyen a que éste sea valorado, no sólo por hacer bien lo que tiene legalmente mandatado, sino por ceñirse a las restricciones para evitar que se convierta en un mal necesario, podemos decir que estamos en el camino correcto.
La importancia de los pesos y contrapesos estriba en que un poder sin límite alguno invariablemente acaba por desgastarse, no da resultados y con ello deteriora su legitimidad. Aun y cuando la rendición de cuentas se presenta como una prioridad, no siempre se entiende su significado ni se contemplan los mecanismos adecuados para diseñar un sistema que resulte eficaz y eficiente.
No obstante la relevancia constitucional y jurídica de la rendición de cuentas en las estructuras del régimen político mexicano, nos encontramos en proceso de maduración o de deterioro, según se vea, con la desaparición de instituciones y organismos fundamentales en el combate a la corrupción como lo son los órganos internos de control a nivel federal.
Por otra parte, es preciso que la sociedad en su conjunto se involucre en el sistema de rendición de cuentas y asuma parte de su operación. Esto implica ciudadanos informados que denuncien lo que consideran incorrecto y detonen los mecanismos legales de rendición de cuentas.
Nuestra responsabilidad ciudadana va más allá de la emisión de nuestro voto cada tres o seis años. Debemos participar en la exigencia de cuentas, desde la información y el conocimiento, para que los gobiernos resuelvan los problemas que aquejan a la población.
