/ domingo 3 de marzo de 2024

Sistema Nacional Anticorrupción: vivo y democrático 

Hay una iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo federal a la cámara baja -nuevamente- que pretende desaparecer a la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que funge como órgano técnico del SNA.

El SNA está de pie, pese a las adversidades y frecuentes embestidas: el 29 de febrero se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de 2024 en Acapulco de Juárez, Guerrero, en la que se discutieron y aprobaron planes de acción nacional para mejorar el ciclo de compras públicas en el país, en beneficio de todas y todos los mexicanos.

El SNA es la apuesta del Estado mexicano para combatir el fenómeno de la corrupción a nivel país, concebida como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno con competencia para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Por su propia naturaleza y definición, el SNA es un espacio democrático y de coordinación que abarca a diversas instancias gubernamentales que realizan acciones anticorrupción.

La tarea no es sencilla, México se compone de 32 entidades federativas, lo que implica tener y coordinar un mismo número de secretarías de la función pública, auditorías superiores, consejos de la judicatura de los poderes judiciales, tribunales de justicia administrativa, fiscalías anticorrupción, órganos garantes de transparencia y acceso a la información pública y comités de participación ciudadana, así como los homólogos a nivel federal, además del Comité de Participación Ciudadana Nacional y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización que es presidido de manera dual por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal.

Además, por definición, se podría decir que el SNA debería contar con un “gabinete ampliado” de 2,469 órganos internos de control municipales, que por definición inciden en la prevención, detección, sanción, fiscalización y control de recursos públicos.

Todo esto, en un México de muchos matices: con instituciones más fuertes e independientes que otras, con distintas cosmovisiones, con condiciones económicas y geográficas diversas, y problemas públicos variados, así como visiones e ideologías políticas distintas.

¿Por qué es así?

Porque el combate a la corrupción no depende -o no debería depender- de la voluntad política de una persona o de un grupo. Porque la ley es la ley y porque no hay autoridad moral o política por encima de nuestro régimen constitucional y legal, mismo que sienta las bases para poder vivir en verdadera democracia.

Porque la democracia no es únicamente un sistema de elecciones prestablecido. La democracia implica el respeto y la protección de los derechos humanos, así como el estado de derecho. Este último establece que todas las personas, incluidos los políticos y los servidores públicos, están sujetos a las leyes y deben actuar dentro de sus límites.

Porque las instituciones del Estado mexicano -con E mayúscula- fueron construidas para servir y representar los intereses de los ciudadanos. Porque las instituciones no se negocian entre grupos de poder para servir intereses que excluyen el interés general de la población.

El SNA esta vivo y por su naturaleza democrática busca escapar de cualquier lógica contraria. La anticorrupción no es un fin en sí mismo, sino un medio para poder dar a la población una mejor calidad de vida.

Sobre esto, rescato reflexiones de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana:

“La fuerza del SNA incomoda, por supuesto, a quienes para no hacer nada se escudan ciegamente en la noción de autonomías o de división de poderes. El SNA no detiene políticos ni apantalla bobos. Es una herramienta discreta donde los que se tienen que lucir son otros. Es una pieza de ingeniería e inteligencia, no una agencia de relaciones públicas.”

-La verdad desde mi ignorancia


Autor: Jesús Abdala Abbud Yepiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.


Hay una iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo federal a la cámara baja -nuevamente- que pretende desaparecer a la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que funge como órgano técnico del SNA.

El SNA está de pie, pese a las adversidades y frecuentes embestidas: el 29 de febrero se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de 2024 en Acapulco de Juárez, Guerrero, en la que se discutieron y aprobaron planes de acción nacional para mejorar el ciclo de compras públicas en el país, en beneficio de todas y todos los mexicanos.

El SNA es la apuesta del Estado mexicano para combatir el fenómeno de la corrupción a nivel país, concebida como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno con competencia para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Por su propia naturaleza y definición, el SNA es un espacio democrático y de coordinación que abarca a diversas instancias gubernamentales que realizan acciones anticorrupción.

La tarea no es sencilla, México se compone de 32 entidades federativas, lo que implica tener y coordinar un mismo número de secretarías de la función pública, auditorías superiores, consejos de la judicatura de los poderes judiciales, tribunales de justicia administrativa, fiscalías anticorrupción, órganos garantes de transparencia y acceso a la información pública y comités de participación ciudadana, así como los homólogos a nivel federal, además del Comité de Participación Ciudadana Nacional y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización que es presidido de manera dual por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal.

Además, por definición, se podría decir que el SNA debería contar con un “gabinete ampliado” de 2,469 órganos internos de control municipales, que por definición inciden en la prevención, detección, sanción, fiscalización y control de recursos públicos.

Todo esto, en un México de muchos matices: con instituciones más fuertes e independientes que otras, con distintas cosmovisiones, con condiciones económicas y geográficas diversas, y problemas públicos variados, así como visiones e ideologías políticas distintas.

¿Por qué es así?

Porque el combate a la corrupción no depende -o no debería depender- de la voluntad política de una persona o de un grupo. Porque la ley es la ley y porque no hay autoridad moral o política por encima de nuestro régimen constitucional y legal, mismo que sienta las bases para poder vivir en verdadera democracia.

Porque la democracia no es únicamente un sistema de elecciones prestablecido. La democracia implica el respeto y la protección de los derechos humanos, así como el estado de derecho. Este último establece que todas las personas, incluidos los políticos y los servidores públicos, están sujetos a las leyes y deben actuar dentro de sus límites.

Porque las instituciones del Estado mexicano -con E mayúscula- fueron construidas para servir y representar los intereses de los ciudadanos. Porque las instituciones no se negocian entre grupos de poder para servir intereses que excluyen el interés general de la población.

El SNA esta vivo y por su naturaleza democrática busca escapar de cualquier lógica contraria. La anticorrupción no es un fin en sí mismo, sino un medio para poder dar a la población una mejor calidad de vida.

Sobre esto, rescato reflexiones de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana:

“La fuerza del SNA incomoda, por supuesto, a quienes para no hacer nada se escudan ciegamente en la noción de autonomías o de división de poderes. El SNA no detiene políticos ni apantalla bobos. Es una herramienta discreta donde los que se tienen que lucir son otros. Es una pieza de ingeniería e inteligencia, no una agencia de relaciones públicas.”

-La verdad desde mi ignorancia


Autor: Jesús Abdala Abbud Yepiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.