Dra. Carmen Lucila Álvarez González
Integrante del CPC Chihuahua
En diciembre del 2020, las dependencias de gobierno encargadas de realizar las acciones para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en Chihuahua, recibieron una propuesta de Política Estatal Anticorrupción (PEA), en donde se reflejaron las principales preocupaciones de los Chihuahuenses con relación al problema público de la corrupción en nuestro estado.
Dos años y medio después, el Gobierno de Chihuahua publica en el Periódico Oficial del Estado (POE) una Política Anticorrupción que incluye 103 acciones que definen la ruta en el corto, mediano y largo plazo para combatir la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder; para mejorar la gestión y los servicios públicos que recibimos; así como abrir ciertos espacios a la colaboración y supervisión ciudadana en un reconocimiento de nuestra corresponsabilidad en la solución de este problema.
Sin duda, este es un pequeño pero importante primer paso de todo el recorrido que tendremos que realizar en este tema; no solo porque la PEA refleja los primeros compromisos claros del actual gobierno para combatir la corrupción, sino que al publicarse en el POE las promesas se convierten en acciones que el gobierno está obligado a implementar.
Aún así (como ciudadana que trasladó las preocupaciones de los chihuahuenses a las dependencias que definieron los temas de corrupción que buscarán resolver y los que omitieron incluir), tengo la obligación moral de resaltar las propuestas ciudadanas que sí fueron tomadas en consideración (luces); así como algunos problemas públicos de corrupción expresados por los chihuahuenses y que no se resolverán a través de estos compromisos (sombras).
Haciendo un primer análisis de los compromisos adquiridos por el gobierno, se observa que sí se contemplaron muchas propuestas ciudadanas que buscan disminuir la corrupción al interior de las dependencias gubernamentales cuando se compromete a: 1) mejorar la forma en la que el gobierno previene, detecta, investiga y sanciona faltas administrativas así como la manera de recibir las denuncias de ciudadanos y funcionarios públicos; 2) capacitar más a los servidores públicos para que hagan mejor su trabajo y sean honestos; 3) mejorar los procesos de vigilancia sobre la aplicación de los recursos públicos y poner “candados” en aquellos procesos que permiten corrupción; 4) cambiar la forma en la que el gobierno se relaciona con las personas y que facilita que haya corrupción; 5) promover formas de participación ciudadana que permitan colaboración y cocreación de políticas públicas; y abra espacios encaminados a mejorar los mecanismos de rendición de cuentas.
Por otro lado, en esta PEA resalta la ausencia de acciones orientadas a: prevenir el desvío de recursos y/o financiamiento indebido a campañas políticas; generar medidas para proteger a periodistas que divulguen potenciales casos de corrupción; promover políticas de desarrollo urbano para limitar el abuso y mal uso de los terrenos públicos así como el crecimiento desordenado de las ciudades donde vivimos; establecer mecanismos de rendición de cuentas en las instancias de seguridad pública; eliminar la discrecionalidad y/o opacidad en la selección de personal que ocupa puestos relevantes en gobierno.
Entre las luces y sombras de esta propuesta de la PEA, debe irrumpir el involucramiento de la sociedad civil para dar el siguiente paso: definir cómo se cumplirán los compromisos, cómo los mediremos y cómo exigiremos su cumplimiento. Involucrémonos!
