En marzo de 2022, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Inegi dio a conocer que el 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje nacional no representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre de 2021, que fueron de 66.4 y 65.8%, respectivamente.
En Chihuahua capital, la percepción de inseguridad en este primer trimestre de 2022 tuvo una disminución, mientras que en Ciudad Juárez practicamente se sostuvo, por supuesto que los porcentajes en ambas ciudades no son alentadoras, y entiendo que en relación a los lamentables acontecimientos que cimbraron al estado en días pasados con el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua, más que aumento en la percepción, estamos ante el escenario de la realidad en el estado, el crimen actúa con mayor fuerza y mezquindad en nuestro Chihuahua.
Esta situación no es exclusiva de nuestra entidad, y tampoco busco justificar lo que aquí ocurre, sin embargo, no podemos descartar que México completo se encuentra en llamas a lo largo y ancho del país; Zacatecas, Michoacán, Jalisco son claros ejemplos de la crisis tan severa de inseguridad, misma que ha obligado a comunidades enteras a emigrar a otros lugares, o simplemente abandonar el territorio nacional.
Lo que sí pretendo es dejar claro en estas líneas que la tarea de seguridad nacional no le corresponde a nadie más que al titular del Ejecutivo federal, obligación expresa en la Ley de Seguridad Nacional en su artículo segundo, “Corresponde al titular del Ejecutivo federal la determinación de la política en la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional”.
La estrategía dictada por el Presidente es de todos conocida: “Abrazos, no balazos”; “acusar a los delincuentes con la abuela”; “asegurar que los delincuentes violentos son seres humanos que merecen el respeto de todos”, y así llanamente ridiculiza a las fuerzas armadas y a la sociedad mexicana, ante el mundo. ¿Andrés Manuel López Obrador es el culpable del incremento y tránsito libre por todo el territorio del crimen organizado?, sí, sin duda alguna y no porque lo diga una diputada de oposición o por defender al gobierno de Chihuahua, es porque así está establecido, tarea que no se ha asumido con responsabilidad y valentía en este gobierno de la “transformación”.
Las muertes en la sierra de Chihuahua no llegaron con este gobierno estatal, han estado por décadas, urge por supuesto el acercamiento sin reflectores de los actores políticos e instituciones de gobierno con la sociedad, para entablar un diálogo abierto, fuerte, claro, sin temores, para atender este momento tan doloroso que aqueja al país, lo que no se vale es actuar desde los cargos para favorecerse en lo personal o en lo político, eso lo vomita la sociedad, debemos actuar de manera institucional y con apego a la ley; el gobierno federal determinando la política pública y los gobiernos estatales y municipales acompañando, para que prevalezca la seguridad, que le dará no sólo a Chihuahua, sino a México, la posibilidad de crecer y ser opción para quienes habitamos en él y para quienes quieren invertir su capital en nuestra tierra.
México está en llamas, y ya lo he dicho antes, la política de seguridad es responsabilidad del Ejecutivo nacional, no obstante, el gobierno también necesita a pesar de las diferencias, una oposición que busque el diálogo para construir acuerdos que nos lleven a la paz. Estamos listos para ello, sí.
