Por: Alejandro Domínguez
Durante siete meses se ha analizado, estudiado, y debatido en parlamentos ciudadanos abiertos la iniciativa de Reforma Eléctrica planteada por el gobierno de Morena ante los legisladores federales; se recibieron opiniones de académicos, especialistas y personas con amplio conocimiento técnico sobre el tema.
Del momento en el que se presentó la iniciativa al día de hoy, que se pretende subir a tribuna para su votación por parte de la mayoría en la Cámara de Diputados, la realidad de los energéticos ha cambiado, a manera de ejemplo podemos señalar que el petróleo ha subido un 69 por ciento, el gas un 127 por ciento y el carbón un 168 por ciento, insumos que son necesarios para la generación de energía eléctrica, donde el Gobierno de la República no estuvo preparado para abordar este tipo de incrementos.
La iniciativa que se pretende debatir, a la cual el presidente no quiere moverle una sola letra, pone en riesgo la protección, seguridad y certidumbre de la inversión nacional y extranjera en el sector energético de México; ya que derivado de acuerdos y compromisos jurídicos internacionales contraídos con organismos como la Organización Mundial de Comercio, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI), la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, así como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estamos obligados a generar un desarrollo sustentable, armónico y sostenido del sistema energético.
Estamos en presencia de un debate público muy serio, que puede afectar el desarrollo de nuestro país, con una actitud presidencial que pretende ser avasalladora y carente de diálogo; el debate propuesto para el análisis de la Reforma Eléctrica representa un intento más, en la agenda presidencial, de polarización, de enfrentamiento; de aprobarse la iniciativa en los términos propuestos, estaremos enfrentando en el futuro inmediato una escalada de procesos legales, en las cortes locales e internacionales, por la afectación a las disposiciones legales supremas de la nación.
El riesgo país se pondrá en la balanza, la incertidumbre crecerá y las afectaciones no se percibe estén ampliamente valoradas por quienes tienen la responsabilidad de hacer gobierno; la pequeña y mediana empresa puede verse desaparecida y con ello la clase media de este país se verá muy minimizada.
El reto es cerrarle el paso a la reforma planteada, ajustarla a la realidad actual del país; es preciso hacer una ponderación de futuro, hacia dónde queremos llevar el sector eléctrico, que este sea más accesible y económico para las familias; que se atienda a los que menos tienen, pero que se impulsen las energías limpias, el fortalecimiento de los órganos reguladores autónomos y se evite la tentación del control central del Gobierno de la República en el tema.
Días intensos de debate los que vienen, donde debemos estar atentos como sociedad.
ALEX DOMÍNGUEZ
