“No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas”, fue algo que nuestros padres nos aconsejaban cuando éramos niños. Y esto es algo que todavía está vigente en la actualidad como adultos y ciudadanos responsables. Algo equivalente sería el otro dicho que nos dice: “El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”….
Cuando primero me enteré de esta nueva ley, la de formar un comité ciudadano para combatir la impunidad y la corrupción, pensé que era una especie de voluntariado, en que nadie del grupo ciudadano cobraría algo por combatir esos terribles males que nos aquejan. Pero no fue así.
Y como declaró en un escrito una miembro del comité de selección, la doctora Olga Ponce: “El Sistema Estatal Anticorrupción nació mal en Chihuahua...”.
“El gobernador y diputados emitieron una Ley Estatal que no respeta los requisitos de la Ley General, ley ‘madre’ del Sistema Nacional Anticorrupción”. Esto nos hace pensar que todo está diseñado para generar un ambiente de impunidad para que funcionarios públicos (panistas) y otros, puedan delinquir sin consecuencias, porque los miembros de la comisión ciudadana son afines a quienes los seleccionó. Son personas partidistas, y sobre todo sin experiencia en combatir la corrupción. Habrán sido “observadores”, pero sólo eso. No es lo mismo sólo observar, que hacer. “Hubo diputados eligiendo miembros de la Comisión de Selección con conflictos de interés”.
La Comisión de Selección parece que no quiere enmendar errores cuando gran parte del colectivo social rechaza a uno de los que eligieron. Así mismo, hay algunos ciudadanos apáticos que sólo están expectantes para la crítica pero no listos para la acción, afirmó la doctora...
Y sí, todo parece ser una vil simulación.
Previo a la votación para la selección de los cinco integrantes del comité de participación, la Dra. Ponce Frescas hizo hincapié en que el congreso eliminó de los requisitos que los aspirantes no fueran integrantes de algún partido político o funcionarios públicos en activo.
Esto, según expresó la comisionada Dra. Ponce, propició a que la mayoría de los aspirantes fueran tanto funcionarios públicos como militantes de algún partido político y que, a pesar de su objeción, se emitió la convocatoria sin tomar eso en cuenta.
El recurso que nos queda a los ciudadanos, será el exigir resultados claros al comité ciudadano consistentes en contribuir, según su participación, a consignar ante las autoridades funcionarios o ciudadanos corruptos según sus investigaciones. De no ser así, deberán ser destituidos. Quizá un plazo de 90 días sea adecuado para recibir sus primeros resultados. Estaremos recordándoles sus responsabilidades y obligaciones, y si se interesan en saber por dónde empezar, sin necesidad de denuncias públicas, estoy a sus órdenes. De los 90 días, sólo les quedan 60 para rendir las primeras cuentas. Los ciudadanos, simples mortales, estaremos al pendiente.
