Por: Carmen Rocío González
La Cámara de Diputados cuenta con una comisión que es un símil de la comisión de fiscalización en el Congreso del Estado de Chihuahua, llamada Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de Federación (ASF); además ésta se auxilia de un órgano técnico, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), que tiene como principal atribución vigilar el estricto cumplimiento de los servidores públicos de la ASF, a fin de aplicar en su caso las medidas disciplinarias y sanciones administrativas que correspondan.
Sin embargo, tanto la comisión, como la UEC, nos han quedado a deber en su trabajo en la Cámara. Haciendo un análisis de información de las auditorías de los últimos años, tenemos que el rendimiento de ASF es prácticamente nulo, pero tampoco se advierte que la unidad de evaluación y control haya establecido alguna estrategia o planeación para revisar el rendimiento y trabajo de los servidores públicos adscritos a la Auditoría en cuanto al seguimiento de las observaciones y hallazgos en las cuentas públicas, lo cual me parece sumamente grave.
En los últimos cinco años existe un rezago considerable en la Auditoría Superior de la Federación, apenas poco más del 27% de los pliegos de observaciones se han ido a la Dirección de Investigación, esto representa 2,397 pliegos, pero hay todavía algo peor, en cinco años solamente 1 asunto se turnado al Tribunal. De poco más de 179,000 millones de pesos provocados por daños patrimoniales al Estado, detectados por la ASF en cinco años, no existe un solo sancionado.
Ahora bien, en auditorías más recientes, y refiriéndome a la primera entrega del Informe Individual de la Cuenta Pública de 2020, en cuanto a los principales resultados, tenemos de inicio que de las 1,523 auditorías que integran el programa anual, en esta primera entrega sólo se realizaron 125 auditorías con un universo de 8,878 millones de pesos, sin embargo solamente se auditó una muestra de 3,303 millones de pesos, lo que representa apenas el 37% del universo y un poco más de .05% del total del Presupuesto anual de gasto de la Federación, prácticamente nada.
Lo anterior no es lo más grave, de las 125 auditorías se determinaron 220 resultados de los cuales se promovieron 280 acciones: 190 preventivas, 90 correctivas (es decir estas dos en lo que respecta a auditorías de gestión); 37 resultados de responsabilidades administrativas y presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos; y 46 pliegos de observaciones de probables daños patrimoniales, sin embargo no se ha presentado ninguna denuncia a la fecha en las distintas instituciones para el combate a la corrupción, establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Celebro que, para esta nueva legislatura, la Comisión de Vigilancia ya no esté en manos del partido Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, tengo que decir que de ninguna manera me agrada, ni me da mucha esperanza que ahora esté en manos del PRI, espero al menos se haga un mejor trabajo de vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación y que quien ocupe la Presidencia de dicha comisión ponga a trabajar en lo que realmente le compete a la UEC.
Necesitamos autorías, con información clara, veraz y sencilla, se debe dejar atrás tanto informe de cientos de páginas que no dicen nada, requerimos trabajar como legisladores federales y en equipo con la misma ASF, sobre la mejora de la Fiscalización Superior en México, hay mucho que aportar y corregir, pero sobre todo, debemos exigir a través de la Comisión de Vigilancia que las auditorías donde se encuentren irregularidades sigan los procesos que determinen sanciones, pero también aspiro a que se pueda ver a los órganos fiscalizadores como aliados en la mejora de la gestión y administración pública.
