Ya sea por enfermedad congénita o accidente, más de 20 millones de personas en México viven con algún tipo de discapacidad o limitación (INEGI, 2020). Alrededor de 6.1 millones viven con discapacidad, lo que representa cerca del 16.5% de la población total del país, siendo más mujeres que hombres (53%).
Limitados por su situación particular, este grupo poblacional también enfrenta de manera regular violación a sus derechos laborales, educativos, de salud y falta de acceso a infraestructura inclusiva.
Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación mencionan que el tipo de discapacidad más frecuente en México es la motriz, que la padece el 64% de este sector de la población, seguido de la visual, presente en el 58% del total de personas con discapacidad.
La pandemia del COVID-19 agravó aún más los retos que enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país. La continuidad en atención a sus servicios de salud se vio abruptamente interrumpida, la violencia en los hogares se incrementó y las dificultades de accesibilidad a través de los medios electrónicos a las actividades laborales o educativas se han convertido en limitantes para su desarrollo.
Sobre esto último, debe decirse que la pandemia profundizó la discriminación a personas con discapacidad visual o auditiva; no todos pueden acceder a una computadora no solo en términos de limitación económica, sino por falta de herramientas o mecanismos de accesibilidad a la tecnología. No todos los instrumentos de conexión son amigables con sus limitaciones físicas, por decir lo menos.
México ha avanzado en construir un marco jurídico para esta población, en el que se incluyen la Ley General Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Asistencia Social, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y desde luego, nuestra Constitución Política, específicamente en su artículo 1º, donde prohíbe toda discriminación motivada por cualquier forma de discapacidad.
No menos importante es la adhesión de México a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en diciembre de 2006 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008. Este instrumento internacional establece directrices concretas para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
A propósito de esta Convención, en ella encontramos que se define a las personas
con discapacidad como “aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que, al interactuar con diversas barreras, pueden ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
Este entramado jurídico ha dado lugar al desarrollo de diversas políticas y acciones de gobierno como el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, que está a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; así como al Programa presupuestario Desarrollo integral de las personas con discapacidad a cargo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Sin embargo, la evaluación de ambos programas arroja indicadores desalentadores respecto a los fines que persiguen. Por mencionar un ejemplo, sólo el 50% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y las Entidades Federativas recibieron capacitación y sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad por parte del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), del total de las dependencias y entidades programadas para recibirlas.
En México persiste un añejo compromiso con las personas discapacitadas, quienes históricamente han sido discriminadas. Es imperativo modificar conciencias y propiciar políticas públicas eficientes que permitan su inclusión en la sociedad y su pleno desarrollo como individuos. Después de todo, los diversos tipos de discapacidad implican un estilo de vida distinto a lo convencional, pero no representan limitaciones de desarrollo social o personal.
De celebrarse el haber atendido problemáticas particulares de estos grupos vulnerables, en los recientes Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias.
También de destacarse la atención que se le ha puesto al tema de las discapacidades en el Senado de la República, muy particularmente en esta Sexagésima Quinta Legislatura.
