Las estrategias de seguridad pública aplicadas por administraciones anteriores, dejaron una estela de consecuencias perversas en materia de seguridad pública que todavía se resienten en la sociedad. Desafortunadamente debemos admitir que no hemos sido capaces de corregir esta situación. Seguimos padeciendo los estragos de la alta criminalidad, principalmente provocada por grupos de delincuencia organizada, lo que nos recuerda que es la seguridad pública el primer atributo del bienestar social. Sin paz no hay justicia ni prosperidad. Una consecuencia directa y lógica de la inseguridad es sin duda la creciente merma de la confianza de la población en sus policías; de cualquier orden de gobierno.
Las estadísticas en materia de seguridad pública abundan, lo que a veces hace olvidar que detrás de cada número se encuentra la vida interrumpida de un joven, una mujer o un adulto mayor y como consecuencia una familia lastimada.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 colocaba el tema de la seguridad como una condición necesaria para construir “una paz duradera y fructífera”. Sin embargo, la incidencia delictiva ha aumentado, a pesar de que en algunos rubros y momentos determinados, muy aisladamente se registren datos alentadores.
Ante esta realidad, el Estado Mexicano ha desplegado diversas acciones estimadas como relevantes. Algunos de estas son la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024, que apuntan a objetivos claves como la coordinación efectiva entre cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, así como a tratar de uniformar los programas de capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policiales.
En el entramado institucional en materia de seguridad pública, destaca también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece como una de las funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la promoción de la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones Policiales.
Un Modelo Nacional de Policía y de Justicia Cívica aplicable a los tres órdenes de gobierno demanda la adopción de estándares de actuación dirigidos a mejorar el desempeño de los cuerpos policiales. No obstante, debemos señalar que este propósito debe acompañarse con la actualización normativa del marco legal, a fin de precisar claramente las atribuciones de cada orden de gobierno en armonía con nuestro marco constitucional, así como establecer las facultades diferenciadas de los distintos cuerpos policiales y de esa manera evitar conflictos competenciales.
Sin una profesionalización exitosa es simplemente inviable el lograr otros objetivos estratégicos que propone el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, como son el lograr proximidad social, atención a víctimas, investigación, uso legítimo de la fuerza, adoptar una perspectiva de género, otra intercultural y de protección de los derechos humanos.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en una de sus últimas reuniones acordó como prioridad la profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales, con énfasis en el sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos y perspectiva de género. Esta prioridad aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, requiere homologar sueldos, procesos de capacitación, reconocimiento y equipamiento de nuestros policías.
En este contexto, toma especial relevancia lo informado recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto a los recursos del fondo “Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública”, en el cual participan elementos de policías estatales, municipales, de las distintas fiscalías y custodios de los centros de readaptación social estatales.
De acuerdo con el informe de la ASF, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), realizó en general, una coordinación adecuada con las 32 entidades federativas en el seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos del citado fondo.
En materia de profesionalización, la ASF detectó áreas de oportunidad como la verificación y validación de los programas de capacitación y el mejorar las acciones de vigilancia y seguimiento que el SESNSP realizó en relación con las metas comprometidas del subprograma denominado “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”.
La profesionalización y capacitación policial no debe verse como el cumplimiento de un mero trámite; sino como un recurso útil para actualizar de manera constante, incluso en materia legal, a los cuerpos de seguridad pública.
Es por lo anterior que recientemente propuse a mis compañeros del Senado de la República, aprobar un punto de acuerdo para exhortar al SESNSP con el propósito de que informe respecto de los avances y la respuesta brindada a las diversas acciones y recomendaciones emitidas por la ASF, en la revisión del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los Estados y de la CDMX, correspondiente a la Cuenta Pública 2022.
