La narrativa de los medios dominantes quiere hacer creer que el gobierno de la 4T busca a toda costa someter al Poder Judicial y los organismos autónomos, o hasta acabarlos. Habría que ver hasta qué punto eso es verdad y contrastarlo con lo que sucede en Chihuahua donde el gobierno del estado y su mayoría dócil hacen trizas la división de poderes, la dignidad del judicial y los organismos autónomos.
La semana antepasada se consumó un segundo ataque contra el Poder Judicial en Chihuahua: PRI, PAN, MC y la presidenta del Congreso, aprobaron una nueva reforma a la Constitución del Estado que permite la simulación en el proceso de selección de candidatos a las magistraturas y otorga gran discrecionalidad al consejo de la judicatura y a la gobernadora para designar ternas de aspirantes, privilegiando criterios políticos sobre la idoneidad de los concursantes y permitiendo que la mayoría simple del Congreso designe al ganador. Ganador porque otra de las regresiones de esta reforma es que no hace obligatorio cumplir con la paridad de género. Actualmente en el Poder Judicial de Chihuahua hay veintidós magistrados y sólo ocho magistradas.
Nada valieron tres reservas que presentó el coordinador de la fracción morenista: una, para que se incluyera un transitorio que priorizara la elección de mujeres en las magistraturas para ir logrando la paridad; otra, para que fueran consideradas en las ternas a las magistraturas personas con discapacidad y de pueblos originarios; y otra más para que se extendiera de dos a siete años el tiempo para que los jueces magistrados puedan litigar tras la conclusión de su encargo. Todas fueron rechazadas por la aplanadora tripulada desde el Palacio de Gobierno.
Esta es la segunda reforma constitucional al Poder Judicial promovida por el PRIAN en Chihuahua. La anterior, de mayo de 2022, fue aprobada por la misma mayoría que la actual y reformó el Articulo 101 de la Constitución local, derogando la obligación de practicar exámenes de oposición a los aspirantes a juzgadores, abrió el acceso a personas sin carrera judicial, le dio aún más control al Ejecutivo y su grupo sobre el judicial. La bancada de MORENA interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en julio del mismo año, pero la Ministra Piña tiene otros afanes y no ve que se resuelva dicha acción.
Evitando al ayuntamiento de Ciudad Juárez la incomodidad de definirse al respecto, la actual reforma ya fue ratificada al menos por 20 ayuntamientos que representan al menos el 50% de la población del estado: los incondicionales a Palacio.
Para redondear la faena antidemocrática, la mayoría PRIAN-MC-Presidenta del Congreso también hace dos semanas nombró al nuevo Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pasando sobre la normatividad y asegurando, de nuevo la sumisión del nuevo titular. Ahora designaron al Lic. Javier González Mocken, subsecretario de educación bajo César Duarte, ex alcalde sustituto de Juárez, efímero Secretario de Educación con María Eugenia Campos. Larga trayectoria política pero muy exigua, por no decir nula, formación y experiencia en los derechos humanos: en 2010-2011 fue encargado de quejas del “Operativo Conjunto Chihuahua”, ocurrencia calderonista que llenó de sangre y atropellos a los derechos humanos toda la entidad. El nuevo titular de la CEDH, durante su desempeño como presidente suplente de Ciudad Juárez, recibió 12 recomendaciones de la propia CEDH y dos durante su gestión como Secretario de Educación y Deporte.
La fracción de MORENA propuso que se eligiera a una mujer y votó por la que obtuvo la más alta calificación, muy por encima del ahora presidente de la CEDH: Zulay Adaid Abbud Esparza.
Esto revela que la perspectiva de género, la inclusión de las mujeres es algo irrelevante si no estorboso para el PRIAN MC en el Congreso de Chihuahua y para la misma presidenta del Legislativo, a pesar de que ha presentado una queja contra la fracción de MORENA por “violencia política de género”. ¿No podrán decir lo mismo y mucho más las profesionales del derecho que con los votos de esta mayoría sumisa han sido excluidas de acceder a una magistratura o a la presidencia de la CEDH?
¿Cómo podría denominarse si no violencia política contra la ciudadanía, las imposiciones inconstitucionales de las y los diputados sumisos al Ejecutivo?
