Hoy, 27 de marzo, se cumple un año del fallecimiento de 40 migrantes en el incendio del centro de detención en Ciudad Juárez. En un estremecedor reportaje de investigación, realizado conjuntamente por La Verdad de Juárez, Lighthouse Reports y El Paso Matters se revela el revés de la trama que condujo a que cuatro decenas de hombres perdieran la vida por asfixia o por quemaduras en ese centro.
En esta investigación periodística además de testimonios de sobrevivientes, pues ningún funcionario o exfuncionario aceptó ser entrevistado, se acude al análisis de más de once horas de grabación en cámaras de video y audio, y a la reconstrucción virtual del lugar de los hechos. Sus principales hallazgos:
Los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y los guardias de una compañía privada salieron del área que se incendiaba, dejando atrapados a los migrantes varones. En ningún momento trataron de abrir la puerta de dicha área. Tampoco accionaron la alarma sonora, ni llamaron al 911, ni evacuaron el edificio.
Antes del incendio se dio una protesta de los migrantes encerrados por las malas condiciones del local: hacinamiento, falta de ventilación, insuficiencia de agua y de baños; carencia de comida.
Es claro mal trato por parte de vigilantes y agentes del INM a las personas migrantes: se les insulta, se les dice que si no les gusta cómo se les trata en México, se regresen a sus casas o se mueran.
A diferencia de lo que señalaron en su momento las autoridades, incluso el mismo Presidente de la República, las llaves de las celdas y puertas de acceso permanecieron en el local de detención, al alcance de las personas que lo resguardaban, pero nunca se abrieron las puertas, “No les vamos a abrir, así le dije a los güeyes”, grita una agente del INM. Además, otras puertas estaban selladas o soldadas, y los bomberos tuvieron que derribarlas a punta de hachazos o marrazos. Los extintores no estaban donde debían estar o estaban en lugares no accesibles o no funcionaban. Tampoco funcionaron los detectores de humo en el edificio.
No se ha hecho justicia por esta tragedia. Aunque son ocho los funcionarios del INM acusados por la FGR por la muerte de los migrantes, sólo seis enfrentan el proceso en prisión. Dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia. El Director General del INM sigue en su encargo y no se le han fincado responsabilidades. Hasta hoy no se ha aclarado por qué no se les abrió la puerta a los migrantes varones presos en esa celda y por qué se toleraron las omisiones y negligencia que condujeron a esta tragedia.
Desgraciadamente las tragedias siguen en el horizonte. La semana pasada pereció un migrante y resultó gravemente herida una migrante colombiana luego que volcó en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez la camioneta que los trasladaba de manera irregular. El conductor huyó. La contratación de estos transportes, a alto costo para los migrantes y muchas veces en malas condiciones mecánicas, es algo que sigue ocurriendo y poniendo en riesgo la vida de las personas y familias migrantes.
En la medida en que sigue incrementándose la llegada de migrantes a la ciudad de Chihuahua y se teme que las autoridades texanas deporten mucho más por la entrada en vigor de la injusta y xenofóbica ley SB4 impulsada por el gobernador Greg Abbot, habrá necesidad de brindarles más acogida en nuestro estado y nuestra ciudad. Para que esa acogida sea digna, todos: gobiernos federales, estatal, municipal, iglesias, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general debemos dejar a un lado lo que nos divide y buscar formas de coordinación para que nuestra compasión se haga efectiva con esos hermanos y hermanas nuestras. Son humanos, no nos deben resultar ajenos.
