Por: Rafael Espino
Chihuahua es una tierra de oportunidad y de progreso, espacio para la consolidación de sueños de gente noble y trabajadora. Pero simultáneamente es un lugar de paso. Un corredor migratorio que, de un tiempo a la fecha, con motivo de la desigualdad global y de las diversas crisis políticas, económicas y de seguridad de los países de Centroamérica y el Caribe ha visto crecer de manera exponencial la llegada de personas que intentan cruzar la frontera norte hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Estos flujos migratorios en territorio chihuahuense han detonado una crisis humanitaria que debe atenderse desde una perspectiva de respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, salvaguardando antes que nada su integridad física.
Lo anterior se menciona así porque desafortunadamente este tránsito ilegal humano ha desatado una serie de actividades delictivas, teniendo como objetivo la explotación y el aprovechamiento de la población migrante dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentran en sus recorridos.
Abusos, explotación laboral, secuestros, violaciones y desapariciones forzadas han convertido a esos corredores migratorios en un verdadero infierno para esos conglomerados humanos que forzadamente abandonan sus países no por gusto, sino con la genuina aspiración de alcanzar un lugar seguro donde vivir decorosamente.
Grupos criminales y organizaciones del crimen organizado han ampliado su espectro delictivo, considerando a los migrantes como simple mercancía y como un blanco redituable o una atractiva fuente de ingresos. Actúan en muchas ocasiones con la complicidad de nuestros cuerpos de seguridad y justicia de los tres órdenes de gobierno y el velo protector que sistemáticamente proporcionan las altas tasas de impunidad de nuestros deficientes sistemas de justicia.
Uno de los hechos más recientes de esta vergonzosa y perniciosa situación sucedió la madrugada del 15 de octubre pasado, día en el que la Fiscalía General del Estado localizó a 53 migrantes en el rancho conocido como Lomas de Arena, entre los municipios de Guadalupe y Coyame del Sotol. Sin olvidar que justo días antes, en el mes de septiembre se había también denunciado que grupos de delincuencia organizada habían privado de su libertad a 13 migrantes nacionales que se dirigían a intentar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de América.
De acuerdo con datos recientes de la fiscalía estatal, hay un registro en la entidad de 27 personas desaparecidas a septiembre pasado.
El incremento significativo en las denuncias de desaparición de personas en Chihuahua ha llamado la atención de organismos internacionales, los que han dado cuenta de la existencia de un entorno hostil y de la ausencia de mecanismos de denuncia, seguimiento, control, transparencia y coordinación institucional con relación al manejo y gestión de la migración en Chihuahua.
Debemos con urgencia revisar, fortalecer y replantear las políticas migratorias, promoviendo la coordinación institucional de los organismos competentes en los ámbitos de competencia federal, estatal y municipal, para salvaguardar los derechos humanos de la población migrante tal y como lo ordena nuestra Constitución Política.
