El pasado martes 11 de octubre se aprobó por unanimidad en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República que me honro en presidir, el dictamen enviado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social mediante el cual se ordena la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones.
Mediante las citadas reformas que entrarán en vigor el próximo primero de enero de 2023, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce días laborables (actualmente es de seis), y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año subsecuente de servicios. A partir del sexto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de servicios.
También dispone la reforma que las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma continua de doce días de vacaciones por lo menos y que las disposiciones del decreto serán aplicables a los contratos individuales o colectivos vigentes a la fecha de su entrada en vigor, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas. Es decir que todos los trabajadores con uno, dos o tres años cumplidos en una empresa ya gozarán de los doce días continuos de vacaciones.
La citada reforma fue en términos generales muy bien recibida por la sociedad e incluso por el sector empresarial, quien propuso modificaciones menores como la gradualidad en su implementación -nueve días en 2023 y ya doce en 2024- y que el período de goce ininterrumpido se divida en dos partes de seis días, y no suba a doce en una sola exhibición. Aducen efectos económicos adversos en micro y pequeñas empresas, así como una mayor ventaja para el propio trabajador, al dividir en dos el plazo de continuidad de los días de vacaciones, lo que le resultaría, según el empresariado, más conveniente.
Lo relevante es la coincidencia del gobierno federal, legisladores federales de todos los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales en la necesidad de la reforma para tratar de mejorar a la fuerza de trabajo como factor de producción y equilibrarla con el capital, lo que deberá contribuir a una mayor productividad en el país.
En México se trabaja 23% más horas que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; no obstante, somos menos productivos. Es decir, no por desplegar un mayor esfuerzo físico generamos más bienes o conocimiento, servicios o riqueza. El enfoque debe darse en mejorar la calidad de los trabajos más que aumentar las horas de éste.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral provocado por la falta de descanso adecuado puede provocar pérdidas por merma en la productividad, de entre el 4 y el 6% del Producto Interno Bruto nacional.
Según el World Policy Analysis Center, con la regulación actual, México se ubica como una de las economías con menos días de descanso para los trabajadores, comparándose con países africanos como Nigeria o Uganda o con países asiáticos como Brunei, China, Filipinas, Malasia o Tailandia.
Se espera la votación en el Pleno del Senado de la República la próxima semana y su envío como minuta a la colegisladora, la Cámara de Diputados, para su aprobación y entrada en vigor el primero de enero de 2023.
Con estas reformas y otras ya realizadas, como los aumentos al salario mínimo o la eliminación de los esquemas de “outsourcing”, que se orientaban a eludir el pago de contribuciones derivadas del trabajo subordinado precarizando las prestaciones de los trabajadores, se confirma el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación con la clase trabajadora mexicana.
