Una de las principales tareas del actual gobierno es garantizar progresivamente el derecho humano al agua y al saneamiento para toda la población, en especial para aquella que se encuentra en un estado de marginación y vulnerabilidad.
Actualmente existen una serie de condiciones que obligan a que el Congreso de la Unión apruebe a la brevedad posible, deseablemente no más tarde que este período ordinario de sesiones, una Ley General de Aguas.
Desde el 8 de febrero de 2012 se reformó y adicionó el artículo 4 de nuestra Constitución Política para incorporar el derecho humano al agua. En el artículo Tercero Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional se otorgó al Congreso de la Unión un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas. Es decir, que existe una omisión legislativa que ya rebasa los 9 años. Adicionalmente existe una condición de carácter vinculante y es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió por unanimidad la Controversia Constitucional 56/2020 y en su resolutivo Cuarto textualmente dispuso: “…ordena al Congreso de la Unión expedir dicha Ley General de Aguas durante el próximo período de sesiones…”, es decir este que apenas inició el pasado mes de septiembre.
Son públicos los conflictos en relación con el agua y recientemente han encabezado recurrentemente la agenda pública. El caso de la reubicación de la empresa Constellation Brands de Mexicali, Baja California, al sureste del país, los conflictos de 2020 en nuestro estado que enfrentaron al gobierno federal con la población local por el cumplimiento al Tratado Internacional de Aguas de 1944 con agua de la presa La Boquilla, el grave problema de suministro en Monterrey y su zona conurbada o los debates en torno a la privatización de los servicios de suministro urbano en Querétaro y Veracruz, sólo por mencionar los más recientes.
El gobierno federal ha iniciado un intenso diálogo con todos los sectores incluidas las dos cámaras del Congreso de la Unión para apuntar en el camino de lograr los consensos necesarios que permitan la expedición de la citada ley.
El mayor reto para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es sin duda administrativo. Lograr mejorar los instrumentos de gestión para que el manejo de las concesiones se dé en un marco ordenado y transparente, a diferencia de lo que ocurría en los gobiernos anteriores. Terminar la reingeniería de procesos en marcha para avanzar en la mejora de mecanismos de revisión, actualización y otorgamiento de concesiones bajo la premisa de no emitir nuevas autorizaciones en acuíferos sobreexplotados. También en regular y supervisar las transferencias de volúmenes de agua entre concesiones ya otorgadas.
La visión para privilegiar debe ser aquella de no incrementar la presión sobre nuestras aguas subterráneas, más allá de las capacidades de impulsar su recarga con agua de lluvia o aguas tratadas.
El 70% de las concesiones otorgadas actualmente por la Conagua son para uso agrícola, lo que, si bien permite consolidar al campo como un motor de desarrollo, nos obliga a optimizar el uso mediante esquemas de tecnificación que multipliquen las cosechas utilizando la menor cantidad de agua posible. Esto resulta particularmente importante para los Distritos de Riego, con cuyos productores se debe trabajar constructivamente en nuevos y mejores mecanismos de diálogo y colaboración, procurándoles apoyos financieros y tecnología para el ahorro del agua. Esta necesidad de optimización del recurso se ha agudizado por el cambio climático que ha incrementado la presión sobre la disponibilidad de los recursos naturales e incrementado la severidad de los efectos de fenómenos meteorológicos como sequías e inundaciones.
La tarea consiste en consolidar una administración ordenada y transparente de las aguas nacionales, ajena a las prácticas corruptas del pasado.
