/ lunes 14 de noviembre de 2022

La economía circular en México

Por: Rafael Espino


Aunque actualmente no existe una definición de economía circular universalmente aceptada, sí existe consenso en cuanto a que se basa en tres principios, a saber: 1) eliminar los residuos y la contaminación; 2) hacer circular los productos y materiales utilizados en los procesos de producción a su máximo valor; y 3) regenerar la naturaleza y cuidar el ambiente.

La economía circular parte del supuesto de que el actual modelo económico de “extraer, producir y desperdiciar” está llegando al límite de su capacidad física. Es una alternativa atractiva que busca redefinir el crecimiento con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. La economía circular disocia la actividad económica del consumo de recursos no renovables y elimina los residuos del sistema desde el diseño. El modelo circular crea capital económico, natural y social y promueve una transición ordenada a fuentes de energía renovables.

Una economía circular busca reconstruir el capital financiero, manufacturado, humano, social o natural mediante la instrumentación de flujos mejorados de bienes y servicios.

En palabras de la doctora Gabriela Muñoz Meléndez, presidenta en México de la Ellen MacArthur Foundation, “… en nuestra economía actual, tomamos materiales de la madre Tierra y fabricamos productos a partir de ellos para finalmente, ya utilizados, tirarlos como residuos; el proceso es lineal. En una economía circular, en contraste, en primer lugar se proyecta dejar de producir residuos; es un sistema resistente y beneficioso para las empresas, las personas y el medio ambiente.

La adopción del modelo coadyuva en la adaptación del país a las nuevas realidades, caracterizadas por el cambio climático que provoca desastres naturales tales como sequías e inundaciones, caída en la producción alimentaria, pérdida de la biodiversidad, deforestación o éxodos migratorios, entre otras cosas. Con el mundo orientándose a la neutralidad en carbono para 2050, tal y como se estableció en la Agenda 2030, la economía circular se convierte en un elemento importante de competitividad en el mercado internacional.

Si bien es cierto que México se encuentra todavía lejos de integrar un sistema de economía circular general, sí tenemos avances específicos y significativos en el reciclaje de residuos, en la agricultura regenerativa que promueve el uso eficiente del agua, así como en la producción de bioinsecticidas y fertilizantes orgánicos; en el sector de la construcción al revalorizarse residuos de saldos de construcción y esquemas de renta, reutilización de equipos y capacidades industriales ociosas.

Recientemente el Senado de la República, a instancias de su Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aprobó el dictamen por el que se expidió la iniciativa de Ley General de Economía Circular, misma que actualmente se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. También en el mismo sentido se reformaron y adicionaron diversas disposiciones para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ambas piezas legislativas plantean obligaciones vinculantes tanto para la industria como para la administración pública federal.

Se plantea el trabajar en tres escalas:

  1. Macro.- Crear un marco regulatorio para las entidades públicas, con políticas de incentivos fiscales y financieros para las empresas que adopten medidas de economía circular;

  2. Mediano.- Elaborar hojas de ruta a nivel sectorial que consideren la articulación de esfuerzos, la creación de centros de emprendimiento y de programas de innovación que incluyan esquemas de financiamiento, capacitación, monitoreo e integración de cadenas de valor; y

  3. Micro.- Impulsar modelos de negocio con estrategias de circularidad, cierre de ciclos y hojas de ruta específicas.

Actualmente este concepto es cada vez mejor recibido y analizado para su eficaz instrumentación, por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2017 y responsable de coordinar las acciones para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias, políticas programas y acciones que contribuyan al avance de la Agenda 2030 en México.


Por: Rafael Espino


Aunque actualmente no existe una definición de economía circular universalmente aceptada, sí existe consenso en cuanto a que se basa en tres principios, a saber: 1) eliminar los residuos y la contaminación; 2) hacer circular los productos y materiales utilizados en los procesos de producción a su máximo valor; y 3) regenerar la naturaleza y cuidar el ambiente.

La economía circular parte del supuesto de que el actual modelo económico de “extraer, producir y desperdiciar” está llegando al límite de su capacidad física. Es una alternativa atractiva que busca redefinir el crecimiento con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. La economía circular disocia la actividad económica del consumo de recursos no renovables y elimina los residuos del sistema desde el diseño. El modelo circular crea capital económico, natural y social y promueve una transición ordenada a fuentes de energía renovables.

Una economía circular busca reconstruir el capital financiero, manufacturado, humano, social o natural mediante la instrumentación de flujos mejorados de bienes y servicios.

En palabras de la doctora Gabriela Muñoz Meléndez, presidenta en México de la Ellen MacArthur Foundation, “… en nuestra economía actual, tomamos materiales de la madre Tierra y fabricamos productos a partir de ellos para finalmente, ya utilizados, tirarlos como residuos; el proceso es lineal. En una economía circular, en contraste, en primer lugar se proyecta dejar de producir residuos; es un sistema resistente y beneficioso para las empresas, las personas y el medio ambiente.

La adopción del modelo coadyuva en la adaptación del país a las nuevas realidades, caracterizadas por el cambio climático que provoca desastres naturales tales como sequías e inundaciones, caída en la producción alimentaria, pérdida de la biodiversidad, deforestación o éxodos migratorios, entre otras cosas. Con el mundo orientándose a la neutralidad en carbono para 2050, tal y como se estableció en la Agenda 2030, la economía circular se convierte en un elemento importante de competitividad en el mercado internacional.

Si bien es cierto que México se encuentra todavía lejos de integrar un sistema de economía circular general, sí tenemos avances específicos y significativos en el reciclaje de residuos, en la agricultura regenerativa que promueve el uso eficiente del agua, así como en la producción de bioinsecticidas y fertilizantes orgánicos; en el sector de la construcción al revalorizarse residuos de saldos de construcción y esquemas de renta, reutilización de equipos y capacidades industriales ociosas.

Recientemente el Senado de la República, a instancias de su Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aprobó el dictamen por el que se expidió la iniciativa de Ley General de Economía Circular, misma que actualmente se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. También en el mismo sentido se reformaron y adicionaron diversas disposiciones para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ambas piezas legislativas plantean obligaciones vinculantes tanto para la industria como para la administración pública federal.

Se plantea el trabajar en tres escalas:

  1. Macro.- Crear un marco regulatorio para las entidades públicas, con políticas de incentivos fiscales y financieros para las empresas que adopten medidas de economía circular;

  2. Mediano.- Elaborar hojas de ruta a nivel sectorial que consideren la articulación de esfuerzos, la creación de centros de emprendimiento y de programas de innovación que incluyan esquemas de financiamiento, capacitación, monitoreo e integración de cadenas de valor; y

  3. Micro.- Impulsar modelos de negocio con estrategias de circularidad, cierre de ciclos y hojas de ruta específicas.

Actualmente este concepto es cada vez mejor recibido y analizado para su eficaz instrumentación, por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2017 y responsable de coordinar las acciones para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias, políticas programas y acciones que contribuyan al avance de la Agenda 2030 en México.